Durante su conferencia matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, reconoció que hasta el momento el nombre del expresidente Felipe Calderón no aparece registrado de manera directa como receptor de recursos o implicado en la trama de lavado de dinero dentro de los expedientes judiciales que investigan a su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. No obstante, la mandataria acotó que la ausencia de registros financieros en esta indagatoria específica no exime la posibilidad de que el exmandatario tuviera conocimiento político de las actividades ilícitas cometidas durante su administración.
Las declaraciones se producen en el contexto de los procesos internacionales de recuperación de activos desviados por la red de corrupción del exfuncionario federal, de los cuales el Estado mexicano ha logrado repatriar montos significativos destinados a programas sociales. El gobierno federal subrayó que las investigaciones ministeriales sobre corrupción y nexos con la delincuencia organizada se han conducido con estricto apego a las pruebas documentales recabadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y agencias internacionales.
Por su parte, diversos actores políticos han reaccionado a las precisiones de la titular del Ejecutivo, reavivando el debate nacional sobre los niveles de responsabilidad política que recaen en las altas esferas de gobiernos anteriores durante el desarrollo de la llamada «guerra contra el narcotráfico». Mientras las bancadas opositoras defienden la legalidad de aquellas gestiones, el oficialismo insiste en la necesidad de mantener el escrutinio sobre el uso de recursos públicos y el ejercicio del poder en el pasado.
La revisión de estos expedientes históricos forma parte de la narrativa oficial para enfatizar el combate a la impunidad y la corrupción institucional en México. Las autoridades judiciales continúan analizando los remanentes de las redes financieras asociadas al caso para asegurar que cualquier daño patrimonial al erario sea resarcido conforme a los marcos legales vigentes.
