Las auditorías financieras practicadas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) arrojaron resultados alarmantes sobre el manejo de los recursos públicos en el pasado.
Informes oficiales revelaron la existencia de un gasto cuestionado que asciende a los 425 millones de pesos, detectado principalmente en contratos de servicios subrogados, adquisiciones irregulares de medicamentos y obras inconclusas.
Los auditores estatales detallaron que las anomalías comprenden pagos duplicados, sobrecostos injustificados y la falta de comprobantes fiscales que justifiquen el destino final de millonarias partidas presupuestales.
Ante estos hallazgos de presunta corrupción administrativa, las instancias de fiscalización turnaron los expedientes técnicos al área de responsabilidades para iniciar los procedimientos legales en contra de exfuncionarios involucrados.
El saneamiento financiero del instituto se ha convertido en una prioridad para la actual administración gubernamental, la cual busca recuperar los recursos sustraídos y destinarlos a la mejora de la atención médica de los derechohabientes.
Las investigaciones continuarán su curso legal en las próximas semanas, garantizando que se finquen las sanciones administrativas y penales correspondientes a quienes resulten responsables del quebranto financiero institucional.
