Acatlán de Osorio vive momentos de alta tensión política tras el quiebre definitivo en las negociaciones entre los integrantes del Cabildo y la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas.
Ante la falta de acuerdos en las mesas de diálogo mediadas por la Secretaría de Gobernación estatal, las y los regidores, junto con el síndico municipal David Fernando Chico, acudieron formalmente ante el Congreso del Estado de Puebla para solicitar la reactivación inmediata del proceso de revocación de mandato en contra de la edilesa. A través del oficio RRS/016/2026, el cuerpo edilicio dejó en firme su postura de destituir a la munícipe, argumentando que la vía de la concertación se encuentra completamente agotada.
El conflicto escaló desde el pasado mes de junio, cuando los cabildantes iniciaron la recolección de pruebas por presuntos malos manejos financieros y desvío de recursos públicos. Como antecedente directo a este choque político, el 15 de junio los regidores destituyeron de sus funciones al secretario general, Álvaro Cruz Martínez, y al director de Seguridad Pública, Juan Alberto Domínguez López, este último cónyuge de la propia presidenta municipal. Paralelamente, la Fiscalía General del Estado y la Auditoría Superior del Estado mantienen abiertas investigaciones para auditar de fondo las cuentas públicas y deslindar posibles responsabilidades penales.
Sobre el panorama legislativo, el diputado Julio Huerta Gómez, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, calificó la relación como una postura irreconciliable. El legislador precisó que el Congreso se encuentra a la espera de los dictámenes de fiscalización correspondientes para determinar la procedencia legal del recurso. Asimismo, aclaró que de concretarse la destitución de la alcaldesa, la normativa vigente permite que el resto del Cabildo y la Sindicatura permanezcan en sus cargos para dar continuidad al gobierno local sin necesidad de disolver el ayuntamiento en su totalidad.
