Los abogados del gigante tecnológico Meta rechazaron formalmente ante un tribunal federal de California las acusaciones presentadas por una coalición de 29 estados. Los demandantes sostienen que la compañía diseñó sus algoritmos y funciones de forma deliberada para generar adicción en niños y adolescentes, afectando gravemente su salud mental.
Durante la jornada inaugural del juicio en Oakland, calificado por analistas como un proceso histórico para la industria, la fiscalía acusó a la firma dirigida por Mark Zuckerberg de lucrarse a costa del bienestar de los jóvenes. Además, los fiscales exigen que la empresa cese sus declaraciones engañosas y asuma responsabilidades directas.
Puntos clave del proceso judicial
- Estrategias bajo la lupa: La querella, encabezada por estados como California, Arizona y Colorado, denuncia que características como el desplazamiento infinito (infinite scroll), las alertas ininterrumpidas y los filtros de apariencia fueron creados para maximizar la permanencia de los jóvenes en las aplicaciones.
- Alertas internas ignoradas: Los demandantes aseguran que investigaciones internas de la propia empresa ya habían identificado el impacto negativo de Instagram en la autoestima y salud mental de los menores, pero la directiva decidió minimizar o ignorar estos hallazgos.
- Violación de la privacidad infantil: La demanda señala posibles infracciones a la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA), al haber recopilado datos personales de menores de 13 años sin el consentimiento expreso de sus padres.
- La postura de la defensa: Los representantes legales de Meta argumentaron que la compañía ha desarrollado constantemente herramientas de supervisión parental, límites de tiempo de uso y restricciones de contenido, asegurando que sus plataformas no buscan provocar un uso compulsivo, sino ofrecer espacios de conexión seguros.
Impacto para el sector tecnológico
Este litigio sienta un precedente clave para otras gigantes del sector, como Google, ByteDance (TikTok) y Snap, que también enfrentan denuncias similares en los tribunales estadounidenses. De fallar a favor de los estados, el tribunal podría imponer multas millonarias y forzar cambios en el diseño de los algoritmos de recomendación.
