Marilyn Cote, señalada por ejercer de forma ilegal la especialidad de psiquiatría en el estado de Puebla sin contar con la acreditación ni cédula profesional requerida, continuará privada de su libertad en el Centro Penitenciario Femenil de Ciudad Serdán. Pese a que un sector de los agraviados optó por llegar a convenios y otorgarle el perdón legal, las autoridades ministeriales confirmaron que las investigaciones de carácter local y federal impiden su liberación.
La titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, detalló que la figura del perdón otorgada por algunas de las víctimas únicamente modifica la situación jurídica en las carpetas relativas a esos casos particulares, pero de ninguna manera extingue la responsabilidad penal ni extingue el resto de los procedimientos vigentes iniciados contra la acusada.
En el ámbito del fuero común, la imputada aún mantiene abiertas al menos dos carpetas de investigación promovidas por afectadas que rechazaron cualquier acuerdo reparatorio. Dichos expedientes incluyen acusaciones por delitos graves como usurpación de profesión al haber consultado y recetado fármacos controlados a pacientes sin sustento académico, así como amenazas cometidas con armas de fuego en contra de vecinos y usuarios de sus servicios.
A nivel federal, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene vigente un proceso penal por el delito de suministro de narcóticos. Esta imputación deriva del suministro e indicación de medicamentos psicotrópicos sujetos a estricto control sanitario a personas que acudieron a su consultorio ubicado en las Torres Médicas de la capital poblana, inmueble que fue asegurado y clausurado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tras detectarse múltiples falsificaciones de documentos oficiales.
La representación social enfatizó que, aunque las leyes otorgan a los afectados el derecho de recurrir a mecanismos alternativos de solución de controversias, la Fiscalía ha insistido en orientar a las víctimas para no otorgar acuerdos reparatorios en casos de alto impacto. Sin embargo, debido a los cargos pendientes en ambas jurisdicciones, las medidas cautelares de prisión preventiva justificada se mantendrán firmes mientras desahogan las etapas procesales correspondientes.
