PUEBLA, PUE. – El Ayuntamiento de Puebla destinó una inversión de un millón 256 mil 500 pesos en consultorías especializadas sobre Derechos Humanos y estrategias para erradicar la violencia contra la mujer. Sin embargo, a pesar del desembolso presupuestal, la administración capitalina ha sido objeto de señalamientos y observaciones formales ante quejas presentadas por trabajadoras municipales por presuntos actos de violencia de género y discriminación.
A través del contrato AD/SM-DGJ-005-2026, la Sindicatura Municipal —titulada por Mónica Silva— contrató los servicios de la firma Gubasa Consultores S.C. para capacitar y brindar asesoría jurídica en garantías individuales. La vigencia del convenio se estableció desde el 20 de febrero hasta el próximo 30 de agosto de 2026, teniendo como meta central el cumplimiento de las recomendaciones e instructivos emitidos por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estado de Puebla.
Pese a las jornadas formativas orientadas a la prevención social de la violencia, la delincuencia y el fomento de la perspectiva de género, la CDH Puebla confirmó que mantendrá abiertos los expedientes de investigación iniciados tras las denuncias del personal femenino. El organismo defensor urgió a la Comuna a implementar medidas cautelares y correctivas inmediatas que eviten la reincidencia de dichas prácticas y garanticen la protección integral de las víctimas denunciantes.
El gasto ejercido en este rubro ha generado contraste en la opinión pública debido a su proporción con otras erogaciones operativas de la administración local. La cifra gastada en los talleres de Derechos Humanos resulta menor, por ejemplo, que los dos millones de pesos destinados al pago de pensión vehicular de 24 horas al Hotel Puebla de Antaño, o al millón de pesos erogado en la renta del inmueble del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC).
Hasta el momento, las autoridades municipales no han transparentado las sanciones ni las identidades de los servidores públicos involucrados en las agresiones denunciadas. Asimismo, la administración local sigue sin hacer públicos los diagnósticos y avances definitivos del plan municipal para la erradicación de la violencia laboral.
