Un grupo de jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (Pemex) se manifestó frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir el retiro de la reforma al artículo 127 constitucional. Los manifestantes señalan que esta medida, que impone un tope de 67 mil pesos mensuales a las pensiones, vulnera sus derechos adquiridos.
Durante la protesta, los extrabajadores argumentaron que esta limitación afecta directamente su capacidad para cubrir necesidades básicas, hipotecas y servicios de salud. Con pancartas y consignas, los agremiados denunciaron que la reforma ha sido presentada bajo una narrativa estigmatizante que califica sus prestaciones como «pensiones doradas», cuando, afirman, se trata de derechos ganados tras décadas de servicio.
La movilización alcanzó tintes internacionales, ya que los voceros de los jubilados confirmaron que presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington. Con esta acción, buscan que se determine si las medidas tomadas por el Estado mexicano contravienen los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Los manifestantes insisten en que la reforma no debería tener un carácter retroactivo y piden a la Corte que reconsidere la validez de los amparos presentados. Mientras tanto, el debate sobre la sostenibilidad de los sistemas de pensiones continúa, enfrentando a las políticas de austeridad gubernamental contra las exigencias de justicia laboral de los extrabajadores.
