La condena a cuatro exempleados de Chanel por intentar sustraer más de 700 bolsos destinados a la incineración ha reabierto el debate sobre una de las prácticas más controvertidas de la moda: la destrucción masiva de excedentes para mantener la exclusividad.
Los hechos se remontan a 2016 y 2017, cuando personal del almacén de la firma en Hong Kong intentó desviar 601 bolsos y 123 carteras valorados en cerca de 2,4 millones de dólares. Interceptados por la policía el mismo día de la maniobra, los artículos fueron recuperados y posteriormente destruidos, tal como dictaba el protocolo de la marca. Tras una larga instrucción de casi una década, el Tribunal Superior de Hong Kong impuso penas de entre cuatro y siete años de cárcel a los implicados.
Durante el proceso judicial se reveló que, en aquella época, Chanel destruía entre 10.000 y 20.000 productos cada seis meses solo en Hong Kong. Esta estrategia, habitual entre las casas de alta gama, buscaba evitar que el stock no vendido terminara en el mercado paralelo o en canales de descuento, protegiendo así la imagen de escasez y el valor de sus precios.
Un cambio de modelo forzado por la regulación
Hoy en día, el panorama es radicalmente distinto. Tras la controversia, Chanel emitió un comunicado asegurando que las cifras expuestas en el juicio no reflejan sus políticas actuales. Desde 2019, la firma francesa deriva sus excedentes y productos defectuosos a L’Atelier des Matières —integrado en su plataforma de economía circular Nevold— para reciclar tejidos, pieles y metales.
Este giro estratégico responde tanto a la presión social como a la estricta regulación europea. El nuevo Reglamento sobre Diseño Ecológico (ESPR) de la UE prohibirá progresivamente la destrucción de textiles y calzado no vendidos, exigiendo total transparencia a las grandes empresas sobre la gestión de sus residuos. Obligada por la ley y la opinión pública, la industria del lujo se ve forzada a transformar sus residuos en materia prima.
