Ciudad de México. — La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse que otorgó un contrato por un monto máximo de 101 millones 757 mil 810 pesos de manera directa —es decir, sin mediar licitación pública— a la empresa Territorium Life para el servicio de una plataforma de exámenes en línea.
De acuerdo con la información obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y reportes de investigación, la contratación se justificó bajo el argumento de que la compañía contaba con tecnología avanzada, herramientas de supervisión mediante inteligencia artificial y supuestos «candados» de seguridad de clase mundial para evitar fraudes, suplantaciones de identidad y trampas durante las evaluaciones de nuevo ingreso a nivel bachillerato y licenciatura.
Un costo superior al modelo presencial
El millonario convenio con Territorium Life reavivó el debate sobre el manejo de los recursos universitarios, ya que la cifra destinada a este software digital superó por mucho el costo de los procesos de admisión tradicionales y presenciales implementados en años previos.
Según registros de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), los gastos operativos para la impresión de cuadernillos, logística y contratación de personal en años anteriores rondaban entre los 49 y 57 millones de pesos, por lo que el desembolso en la plataforma tecnológica duplicó dichos montos.
Fallas técnicas e inflación de puntajes
El punto de quiebre ocurrió tras la aplicación de las evaluaciones virtuales, momento en el cual aspirantes y especialistas detectaron anomalías, fallas técnicas e inflaciones atípicas de puntajes en los resultados del examen de licenciatura 100% en línea.
A pesar de que el contrato contemplaba más de 30 requerimientos de seguridad —incluyendo monitoreo en tiempo real y diferido, restricciones de navegación y detección de comportamientos no permitidos mediante IA—, los mecanismos de vigilancia fallaron en la práctica, poniendo en entredicho la integridad del proceso de selección.
Ante la crisis desatada por la distribución inusual de calificaciones y la pérdida de confiabilidad en los resultados, la institución se vio obligada a intervenir, frenar la asignación de lugares a miles de aspirantes y ordenar evaluaciones extraordinarias de control, mientras comisiones internas analizan las responsabilidades de la proveedora y de los funcionarios que avalaron la adjudicación directa.
El caso ha escalado al ámbito político y académico, donde diversos sectores y legisladores han exigido una auditoría profunda sobre los términos en los que se entregó el contrato a Territorium Life y demandan garantías plenas de transparencia para proteger el futuro de los miles de jóvenes que buscan un lugar en la Máxima Casa de Estudios.
