El exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres —conocido públicamente como el “góber precioso”—, habría obtenido por segunda ocasión el beneficio de prisión domiciliaria, medida bajo la cual continuará aguardando la sentencia definitiva por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.
De acuerdo con información recabada por La Jornada, la modificación en la medida cautelar se concretó tras un amparo promovido por la defensa legal del exmandatario estatal, sustentado en argumentos relacionados con su estado de salud y su edad avanzada. Tras este fallo, Marín Torres abandonó el reclusorio federal correspondiente para trasladarse a su domicilio ubicado en la capital poblana.
Antecedentes del proceso judicial
El caso se remonta al año 2005, cuando la periodista Lydia Cacho fue detenida de manera arbitraria y trasladada desde Quintana Roo hasta Puebla tras publicar el libro Los demonios del edén, en el que documentó redes de explotación sexual infantil en las que aparecían involucrados empresarios como Kamel Nacif y Jean Succar Kuri. Un año después se filtraron grabaciones telefónicas que evidenciaron la colusión entre Marín y los empresarios para coartar la libertad de expresión de la comunicadora y hostigarla.
- Detención (2021): Después de permanecer prófugo de la justicia durante casi dos años, Mario Marín fue capturado en febrero de 2021 en Acapulco, Guerrero, por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, conocido como El Altiplano.
- Primer intento de prisión domiciliaria (2024): A mediados de agosto de 2024, una jueza federal le concedió inicialmente el cambio de medida cautelar para enfrentar su proceso en libertad condicional con brazalete electrónico. No obstante, tras una serie de apelaciones interpuestas por la FGR y la representación legal de Lydia Cacho, un tribunal federal revocó dicho beneficio en abril de 2025, ordenando su reingreso al penal de máxima seguridad.
Situación jurídica actual
Con esta nueva determinación judicial, el exmandatario poblano (quien gobernó la entidad entre 2005 y 2011) retoma el resguardo domiciliario en la capital del estado bajo supervisión de las autoridades, mientras los tribunales competentes emiten finalmente la sentencia correspondiente por el delito de tortura.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y de la libertad de expresión han mantenido un puntual seguimiento al proceso, advirtiendo de forma constante sobre los riesgos procesales y la necesidad de garantizar una justicia integral para la víctima.
