PUEBLA, PUE. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla puso en marcha el proceso de licitación pública para la adquisición de 100 brazaletes electrónicos con tecnología de localización GPS, con el objetivo de reforzar el seguimiento y control judicial de procesados o sentenciados fuera de las prisiones.
A través de la convocatoria pública nacional (registro GEP-SPFA-LPN-182-626/2026), las autoridades estatales buscan seleccionar al proveedor que suministrará los dispositivos de rastreo en tiempo real, destinados a quienes cumplan cautelas como el resguardo domiciliario.
Tecnología de alta precisión y seguridad anti-manipulación
De acuerdo con las bases del concurso, los dispositivos deberán contar con características técnicas de alta resistencia y máxima fiabilidad:
- Geolocalización satelital: Conectividad mediante redes GSM y GPRS que garantice un rango de precisión de aproximadamente 1.8 metros en áreas abiertas.
- Alertas e inhibición: Sensores integrados que notificarán de forma inmediata a los centros de mando si el usuario intenta retirar, cortar o manipular la unidad.
- Resistencia extrema: Certificación IP68 a prueba de agua (sumergibles) y capacidad de soportar impactos o caídas severas.
- Autonomía: Batería con duración de entre tres y siete días continuos, además de cargadores inalámbricos portátiles.
- Geocercas virtuales: La plataforma operativa permitirá programar hasta 200 zonas perimetrales restringidas o permitidas para cada portador.
Doble beneficio: Menos sobrepoblación y más policías patrullando
Además de ofrecer una alternativa tecnológica para despresurizar la sobrepoblación en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de la entidad, el uso de estos brazaletes impactará de manera directa en las calles.
Con el monitoreo remoto por GPS, la SSP podrá retirar la custodia fija presencial que actualmente realizan cientos de agentes policíacos en domicilios de personas procesadas, permitiendo que tanto los efectivos como sus patrullas se reincorporen de inmediato a las labores operativas y de prevención del delito en la entidad.
El proceso licitatorio contempla la recepción de propuestas técnicas y económicas en los próximos días, estimando la emisión del fallo final a principios de agosto para iniciar el despliegue del equipamiento.
