La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla sancionó a siete servidores públicos con la destitución inmediata de sus cargos e inhabilitaciones temporales, debido a que incurrieron en la omisión de declaraciones patrimoniales y, de manera particular, la presentación de una cédula profesional falsa dentro de un proceso interno.
A través del comunicado oficial, la dependencia estatal precisó que estas resoluciones —derivadas de los procedimientos substanciados por la Dirección de Seguimiento a Responsabilidades— se fundamentan estrictamente en el cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
De acuerdo con el organismo descentralizado, las acciones tomadas se “reafirman el compromiso con una administración pública íntegra, transparente y responsable”.
Aunque la mayoría de los expedientes corresponden a faltas administrativas catalogadas como “no graves” -específicamente ligadas al incumplimiento de los principios del servicio público y la omisión de declaraciones de situación patrimonial y de intereses en sus modalidades de inicio o conclusión-, un caso en el sector salud encendió las alarmas por su gravedad ética.
En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), Ana María “N” fue destituida e inhabilitada por cinco meses y 12 días.
La investigación arrojó que la exfuncionaria transgredió los principios de lealtad e integridad al presentar, dentro de un procedimiento escalafonario, “una cédula profesional que no correspondía a su identidad ni al grado académico requerido”, incurriendo de forma directa en la violación del artículo 49, fracción I de la legislación estatal.
Por otra parte, se dieron a conocer las dependencias afectadas por las omisiones en las declaraciones de situación patrimonial y de intereses.
En la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Carlos N. fue destituido e inhabilitado por seis meses tras omitir su declaración en la modalidad de conclusión. Mientras en la Secretaría de Seguridad Pública, Cristian N. recibió destitución e inhabilitación por cuatro meses y 24 días al no reportar su declaración de conclusión.
En tanto, en la Secretaría de Bienestar, dos funcionarios fueron sancionados. Erika N. fue destituida por omitir su declaración de inicio, mientras que José Edmundo N. recibió destitución e inhabilitación por cinco meses y doce días tras omitir su informe de conclusión.
En Convenciones y Parques, José Ismael N (cinco meses y 12 días de inhabilitación) y Julián Manuel N (cinco meses y 19 días de inhabilitación) fueron dados de baja de la nómina estatal por no presentar sus declaraciones de conclusión de funciones.
La Secretaría Anticorrupción remarcó que las sanciones fueron aplicadas en estricto apego al debido proceso, garantizando los derechos de audiencia y defensa de los imputados.
Sin embargo, advirtió que no habrá marcha atrás en el combate a la opacidad institucional. Si bien los exfuncionarios tienen el derecho legal de impugnar legalmente estas resoluciones, la dependencia enfatizó su postura de litigio.
“Esta dependencia defenderá las determinaciones con la misma firmeza con que fueron investigados y substanciados los procedimientos”, sentenció.
Finalmente, las autoridades poblanas hicieron un llamado urgente a la ciudadanía a coadyuvar en la vigilancia del erario y denunciar de forma anónima cualquier sospecha de corrupción a través del portal institucional prointegridad.puebla.gob.mx, recordando que “denunciar cuando se es testigo de un acto de corrupción no solo es un derecho, sino también un deber cívico para proteger los recursos públicos”.
