La desaparición de la oficina auxiliar de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en Puebla vuelve a poner en el centro del debate la reestructuración de la justicia laboral federal, pues miles de trabajadores y litigantes tendrán que trasladar sus asuntos a Tlaxcala para continuar con sus procesos.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) determinó el cierre definitivo de la oficina auxiliar de la JFCA en Puebla, que apenas llevaba nueve meses en operación, decisión que fue oficializada mediante un acuerdo publicado el pasado 22 de junio en el Diario Oficial de la Federación.
Con esta medida, todos los expedientes que permanecen en trámite serán enviados a la Junta Especial Número 46, con sede en Tlaxcala, donde deberán continuar su curso hasta la emisión de una resolución definitiva.
La oficina poblana había sido instalada en septiembre de 2024 como una solución temporal, luego de las protestas encabezadas por abogados laboralistas tras la desaparición de la Junta Especial Número 33, situación que provocó la redistribución de cerca de 10 mil expedientes a distintas entidades del país.
Aunque la STPS argumenta que el cierre forma parte del nuevo modelo federal de justicia laboral y busca optimizar el funcionamiento de las juntas especiales, la decisión podría representar nuevos retos para trabajadores y litigantes, quienes ahora deberán desplazarse a Tlaxcala para dar seguimiento a sus casos, incrementando costos y tiempos en procesos que, en muchos casos, ya arrastran años de retraso.
La Junta Especial Número 46 en Tlaxcala se perfila así como el nuevo punto de concentración de cientos de asuntos laborales provenientes de Puebla, en medio de cuestionamientos sobre si esta centralización realmente agilizará la impartición de justicia o terminará saturando aún más al sistema laboral federal.
