El gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que existen investigaciones serias por parte de la Fiscalía General del Estado, que apuntan a la posible infiltración de grupos criminales en la crisis de Acatlán de Osorio. El mandatario advirtió sobre la gravedad de la situación en el municipio, donde un bloque de regidores opositores mantiene una campaña de desestabilización para destituir a la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas.
Las indagatorias ministeriales ligan las protestas y la toma simbólica del Palacio Municipal con células delictivas que operan de forma interestatal. El titular del Ejecutivo precisó que estas bandas criminales, mantienen su actividad en los límites geográficos con la entidad poblana, lo que coincide con las denuncias de la edil sobre el uso de regidores como brazo político.
“Hay una investigación muy seria con respecto a lo que sucede en Acatlán de Osorio y hay posibles vínculos de grupos delictivos que están operando en Oaxaca, límites con Puebla”, dijo.
Nexos criminales tras intento de destitución
El conflicto institucional escaló luego de que los regidores disidentes se negaran a asistir a las mesas de conciliación con la Secretaría de Gobernación y condicionaran el diálogo. Esta parálisis gubernamental, ocurre en medio de acusaciones directas que vinculan financieramente a los cabildantes rebeldes con el grupo delictivo “Los Rojos” y su operador en la Mixteca, alias “El Pelle”.
Ante este escenario de ingobernabilidad, el mandatario local enfatizó que la administración estatal no otorgará protección a ningún interés particular ni a las facciones que buscan desestabilizar la región, asimismo, insistió en que las indagatorias vigentes de las autoridades ministeriales, van más allá de una simple disputa por la remoción o permanencia de la presidenta municipal.
“Es un tema muy delicado como para abordarlo con mucha ligereza, independientemente de la situación de la presidenta municipal. Son cosas más allá de la presidenta municipal”, comentó.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación mantiene el despliegue de operativos y el monitoreo permanente en la zona para evitar vacíos de poder, provocados por el ausentismo de los funcionarios. El estado busca que la resolución de la crisis se apegue estrictamente a la legalidad y que la Fiscalía determine las responsabilidades penales de los regidores.
El titular del Ejecutivo en Puebla reiteró que el intento de remover a las autoridades locales, carece de validez jurídica formal ante el Congreso del Estado.
