El gobierno federal publicó una nueva disposición sanitaria que marca la eliminación total del uso del colorante eritrosina, también identificado como Rojo 3 FD&C o Rojo Alimentos 14, en productos alimenticios y suplementos comercializados en México.
El acuerdo fue difundido a través del Diario Oficial de la Federación, donde se establece que este aditivo quedará prohibido en la elaboración de alimentos, bebidas y suplementos alimenticios en todo el país, tras una serie de evaluaciones realizadas por autoridades sanitarias.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, la decisión se basa en análisis de riesgo elaborados junto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, los cuales concluyeron que la exposición de la población mexicana a este colorante supera más del doble la Ingesta Diaria Admisible (IDA) recomendada por el comité de expertos en aditivos alimentarios de la FAO/OMS JECFA.
El Rojo 3 es un colorante sintético derivado del petróleo que se utiliza para dar un tono rojo intenso y atractivo a diversos productos industrializados. Sin embargo, su uso ha sido objeto de debate internacional debido a estudios toxicológicos que han señalado posibles riesgos en consumos prolongados.
Entre los hallazgos considerados por las autoridades sanitarias se encuentra evidencia experimental en la que la exposición crónica al colorante ha sido asociada con el desarrollo de tumores tiroideos en estudios con animales, particularmente en ratas macho. Con base en este principio precautorio, la medida busca reducir posibles riesgos a la salud pública.
El nuevo acuerdo elimina este aditivo de productos de consumo cotidiano como helados, bebidas saborizadas, refrescos, jarabes, cereales, panificación, leches saborizadas y bebidas alcohólicas preparadas, además de dulces, gomitas, gomas de mascar y mezclas en polvo para postres como gelatinas y flanes.
Las autoridades también señalaron que el uso del colorante se había extendido a categorías de productos de alto consumo infantil, lo que no estaba plenamente contemplado en regulaciones anteriores, motivo que aceleró la revisión normativa.
Para su implementación, se estableció un periodo de transición de 24 meses, contados a partir del día hábil siguiente a la publicación del acuerdo, con el objetivo de que la industria alimentaria pueda reformular productos, realizar pruebas de calidad y agotar inventarios ya distribuidos en el mercado.
La Secretaría de Salud señaló que esta medida busca fortalecer la protección sanitaria de la población y cerrar brechas regulatorias frente a las prácticas actuales de la industria alimentaria, en línea con criterios internacionales de seguridad en aditivos.
