La Fiscalía Federal de Estados Unidos solicitó a un tribunal que la primera audiencia en el caso contra Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, se realice el próximo 3 de junio o en una fecha posterior, con el consentimiento de la defensa.
El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, envió una carta a la jueza Katherine Polk Failla en la que informó que ambas partes tienen disponibilidad para una conferencia inicial los días 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de junio, o en cualquier fecha posterior que determine el tribunal.
Mérida fue detenido el 11 de mayo en Arizona y comparado con el 15 de mayo ante un tribunal de Nueva York para la lectura de cargos. Durante esa audiencia, el exfuncionario se declaró no culpable de las acusaciones de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armas, delitos que podrían implicar una pena máxima de cadena perpetua.
En el documento presentado este viernes, Clayton explicó que la jueza Sarah Netburn, quien presidió la audiencia de lectura de cargos, ordenó suspender temporalmente el cómputo de los plazos procesales establecidos por la Ley de Juicio Rápido hasta el 1 de junio, fecha en la que volvería a correr el plazo.
La Fiscalía pidió ahora a la jueza Polk Failla que también excluya del cálculo de esos plazos el período que transcurra hasta la próxima conferencia que se fije a partir del 3 de junio. De acuerdo con la moción, esa medida permitiría facilitar las conversaciones previas al juicio entre las partes.
Las autoridades señalaron que la defensa aceptó las solicitudes planteadas, por lo que existe acuerdo entre ambas partes sobre el calendario propuesto. Se prevé que la jueza se pronuncie en las próximas horas, o incluso el lunes, sobre la fecha de la audiencia inicial.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Mérida es considerada una figura relevante en la presunta trama para proteger al Cártel de Sinaloa dentro del caso que involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien se apartó temporalmente de su cargo.
El exsecretario de Seguridad, general retirado del Ejército mexicano, figura entre los principales imputados en la causa abierta por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York relacionada con la llamada trama Rocha Moya.
