Desde Palacio Nacional, la primera presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a señalamientos surgidos desde Estados Unidos sobre una supuesta infiltración del crimen organizado en estructuras políticas mexicanas, particularmente en Morena y gobiernos estatales ligados al partido.
“A nosotros nadie nos puede acusar de hacer pactos criminales. Rompimos el pacto criminal en el 2018”, declaró la jefa de Estado, quien insistió en que su administración se rige bajo principios de honestidad, soberanía y combate frontal a la corrupción.
Lo anterior en el marco de su conferencia mañanera, donde la presidenta de México, aseguró que su gobierno no puede ser acusado de mantener acuerdos con grupos delictivos
Bajo esta premisa, la mandataria recalcó que desde el inicio de la llamada Cuarta Transformación, en 2018, se puso fin a los presuntos pactos entre autoridades y organizaciones criminales.
“México no es piñata de nadie”
Aunado a lo anterior, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, aprovechó la tribuna para reiterar que “México no es piñata de nadie” y criticó a sectores de la oposición que, dijo, buscan respaldo político en Estados Unidos.
Además, rechazó cualquier intento de intervención extranjera en asuntos nacionales y aseguró que las elecciones de 2027 deberán resolverse únicamente por decisión del pueblo mexicano.
En más sobre el tema, Sheinbaum sostuvo que su gobierno no protege, ni protegerá a ningún funcionario señalado por actividades ilícitas si existen pruebas contundentes. Incluso, afirmó que actualmente hay cerca de 50 investigaciones abiertas contra políticos presuntamente relacionados con grupos criminales.
En ese contexto, la doctora defendió el proyecto de la Cuarta Transformación y aseguró que los resultados en programas sociales, infraestructura y seguridad son consecuencia de un gobierno “honesto y cercano al pueblo”.
Por último, también afirmó que la soberanía nacional “no son palabras, sino principios que se ejercen desde el gobierno y la ciudadanía”, por lo que recordó que en el periodo en el que sí existieron señalamientos directos de vínculos entre autoridades y el crimen organizado corresponde al sexenio del expresidente Felipe Calderón, en referencia al caso de su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por narcotráfico.