El gobernador Alejandro Armenta Mier solicitó al Consejo de la Judicatura un informe detallado sobre el proceso de depuración que actualmente se realiza al interior del Poder Judicial del Estado (PJE), luego de las controversias generadas por resoluciones judiciales recientes.
A pregunta de medios de comunicación, el mandatario confirmó que existe un procedimiento en contra del juez Enrique Romero Razo, por presuntas irregularidades relacionadas con la impartición de justicia.
“Presidente de la Judicatura, pedirle respetuosamente que dé a conocer, en la medida de lo posible, los procedimientos de depuración que ha hecho el Poder Judicial”, declaró.
Armenta explicó que el presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez, revisa de manera detallada posibles faltas cometidas en diversas resoluciones emitidas durante la etapa final de la trayectoria del juzgador dentro del Poder Judicial.
El titular del Ejecutivo estatal señaló que quienes desempeñan funciones dentro de los poderes públicos deben actuar con responsabilidad y bajo supervisión institucional.
“Los que tenemos una responsabilidad en los poderes públicos no somos absolutos, eso lo deben de entender”, expresó.
Asimismo, recordó que existen órganos de control encargados de vigilar el actuar de funcionarios y aplicar sanciones cuando sea necesario.
“Y acuérdense de lo que dice la Constitución: la ignorancia de la ley no te exime de responsabilidad. Así que si alguien ignora el mandato de la ley, eso no lo exime de responsabilidad”, manifestó.
El pronunciamiento ocurre después de que el pasado 12 de mayo de 2026, a 12 años del feminicidio y cinco años después de la sentencia, una auxiliar judicial autorizó modificar la medida cautelar de Manuel Forcelledo Nader, permitiéndole llevar prisión domiciliaria mediante firma periódica y brazalete electrónico.
Sin embargo, el Consejo de la Judicatura intervino antes de la medianoche de ese mismo día y revocó la resolución, por lo que Forcelledo Nader permanece internado en el penal de San Pedro Cholula, donde cumple una condena de 76 años por feminicidio, aborto y violación.
