El Congreso de Puebla, paradas del RUTA y las oficinas de Morena amanecieron intervenidos con carteles exigiendo al Poder Legislativo que reforme el código civil a favor del reconocimiento de la identidad de género en infancias trans; esto a 10 días de que se cumpla el nuevo plazo que la SCJN otorgó.
Este viernes 15 de mayo, los colectivos visibilizaron la urgencia para que el Congreso de Puebla discuta la reforma. La cual, ya se propuso desde diciembre de 2025.
El pasado 13 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio 10 días para el director jurídico, Jesús Juárez Lezama y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Marcos Castro Martínez informen sobre los avances legislativos en favor de las infancias trans.
Intervienen espacios públicos de Puebla con carteles en favor de infancias trans
La protesta simbólica recordó a los diputados locales que el respeto a la identidad de género no es una concesión, sino un derecho humano fundamental.
Con consignas, como: “No están protegiendo a lxs niñxs, están negando su existencia”, “Derechos Trans para la Niñez”, “Las niñeces trans existen aunque las nieguen”.
La SCJN ha emitido sentencias que obligan a armonizar las leyes estatales con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. No obstante, el Congreso poblano mantiene la legislación sin avances concretos.
Parsimonia del Congreso de Puebla ante derechos de niños
Organizaciones civiles han denunciado en reiteradas ocasiones que las iniciativas presentadas para garantizar el acceso al reconocimiento jurídico de la identidad de género en menores de edad siguen en el “congelador legislativo”.
Los colectivos convocantes adelantaron que, de no haber respuesta en los próximos días, continuarán con acciones de visibilización en otros puntos de la ciudad.
Sentencia de la SCJN
Vale recordar que el pasado 5 de mayo, el presidente de la SCJN, el ministro Hugo Aguilar advirtió a los diputados poblanos que sólo tienen seis meses para cumplir con los derechos de las infancias trans.
Pese a esto, el panista, Marcos Castro contestó que la SCJN no tiene porqué ordenarle al legislativo sobre qué debe legislar.
Aunque en el último dictamen del Alto Tribunal, se establece que “de no desahogar la solicitud se les impondrá una multa de 14 mil 77 pesos”. Esta multa se aplicaría al patrimonio del director del jurídico y al legislador Marcos Castro.
