Ante la aparición de espectaculares y bardas con nombres de figuras políticas en Puebla, el gobernador Alejandro Armenta Mier evitó fijar una postura directa sobre estos actos de promoción anticipada y delegó de nueva cuenta la responsabilidad a las autoridades electorales.
El mandatario estatal sostuvo que corresponde tanto al Instituto Electoral del Estado (IEE) como al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) determinar si este tipo de publicidad incurre en alguna irregularidad, al tratarse de un ámbito fuera de las competencias del Ejecutivo.
Bajo este argumento, insistió en que serán dichas instancias las encargadas de analizar y, en su caso, sancionar estas prácticas.
La postura del mandatario de Morena se da en un contexto donde, a pesar de que los procesos electorales aún no están formalmente en marcha, ha comenzado a proliferar propaganda que posiciona nombres e imágenes de actores políticos, lo que los propios partidos han identificado como estrategias de posicionamiento previo o promoción anticipada.
Entre los casos visibles se encuentra el de Gabriela ‘La Bonita’ Sánchez, titular de la Secretaría de Juventud y Deporte, quien ha señalado que los anuncios con su imagen no fueron contratados directamente por ella, sino por patrocinadores.
Una explicación similar ha surgido en torno a la presencia de bardas con el nombre de Laura Artemisa García Chávez, secretaria de Bienestar, quien atribuyó su difusión a terceros.
Por parte de la oposición, también se han detectado pintas con el apellido de Genoveva Huerta Villegas, principalmente en la zona sur de la capital poblana, lo que evidencia que la estrategia de posicionamiento no es exclusiva de un solo partido.
Ante ello, el gobernador de Puebla ha evitado pronunciarse respecto a si este escenario refleja un adelanto de la contienda política en la entidad, donde sin declaratorias formales de campaña, la promoción de perfiles comienza a intensificarse en el espacio público, a la espera de que las autoridades electorales definan si estas acciones rebasan los límites permitidos por la ley.
