El gobierno estatal alista un proceso judicial contra la concesionaria Agua de Puebla porque ha incumplido con la obligación de prestar los servicios establecidos en el contrato que obtuvo en 2013, anunció el titular del Ejecutivo, Alejandro Armenta Mier, quien aseguró que actualmente se integran los expedientes para iniciar el procedimiento legal.
Durante una conferencia de prensa ofrecida en la Ciudad de México, el mandatario poblano reiteró que el título de concesión fue otorgado mediante condiciones leoninas que solo favorecen a la empresa, ya que ha encontrado un modelo de negocio en el cobro de servicios que no otorga, específicamente el de saneamiento de agua.
“Nos cobra por por la potabilización en cada recibo que pagamos, pero no potabiliza”, dijo al tiempo de señalar que el contrato signado entre el gobierno estatal -entonces a cargo de Rafael Moreno Valle- y la firma violaba la Constitución, por lo que se concretó con “un sentido delincuencial” y con la complicidad de autoridades.
Frente a la falta de saneamiento del agua residual por parte de Agua de Puebla, Armenta afirmó que el proyecto del saneamiento del río Atoyac que impulsa el gobierno federal exige que se actúe para eliminar las fuentes de contaminación.
Aseguró que las primeras intervenciones en el río han permitido que en los primeros 30 kilómetros, a la altura de Santa Rita Tlahuapan y San Matías Tlalancaleca, el agua haya recuperado su tono cristalino, mediante la puesta en marcha de biodigestores, cuyos resultados se reforzarán con la proxima habilitación de plantas de tratamiento.
Pide modificar la ley para asegurar inversiones en saneamiento
El titular del Ejecutivo sentenció que para limpiar el Atoyac y conseguir el saneamiento del Lago de Valsequillo se requiere que al menos tres gobiernos estatales trabajen consecutivamente en las acciones que ha iniciado el gobierno de la República, es decir, un periodo de 18 años.
Por lo anterior, exhortó a las y los diputados locales a promover una iniciativa para que en la ley quede establecida la obligación de dar continuidad a los proyectos de saneamiento en los gobiernos estatales posteriores.
