El Gobierno de Puebla analiza la aplicación de sanciones contra la empresa Agua de Puebla tras detectar un incumplimiento en el plan de inversión de infraestructura programado para 2025.
Según el convenio modificatorio del título de concesión, la firma debió ejercer 300 millones de pesos durante el año pasado, meta que no fue alcanzada.
El coordinador de gabinete, José Luis García Parra, informó que la falta de capitalización fue reportada el pasado viernes ante el Consejo Consultivo del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap).
Esta omisión ocurre a pesar de los acuerdos firmados en abril de 2024, donde las concesionarias se comprometieron a modernizar la red hidráulica para mitigar las deficiencias en el abasto.
García Parra precisó que la revocación de la concesión y la recuperación del control estatal del servicio implicaría un costo aproximado de 7 mil millones de pesos.
En ese sentido, calificó esta cifra como una carga financiera compleja para las arcas públicas, razón por la cual la estrategia actual se centra en la exigencia del cumplimiento de los contratos vigentes.
Ante el déficit en la red de distribución, la administración estatal anunció la adquisición de 100 camiones cisterna este año, las cuales operarán en la zona metropolitana de Puebla para suministrar agua en colonias con desabasto crítico y prevenir conflictos sociales derivados de la escasez.
«Vamos a seguir insistiendo en que la concesionaria cumpla; por nuestra parte, haremos lo que nos corresponde», puntualizó.
