Expedientes incompletos y relaciones familiares que no quedaron debidamente transparentadas en los procesos de selección para la asignación de plazas forman parte de las irregularidades que se cometieron en pasadas administraciones en la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Puebla, informó el coordinador del gabinete del gobierno del estado, José Luis García Parra.
El coordinador del gabinete estatal, presentó los resultados preliminares del diagnóstico de la auditoria que realiza la actual administración sobre la asignación irregular de plazas temporales y definitivas, donde se detectaron diversas anomalías administrativas y acuerdos discrecionales en los procesos de asignación de plazas docentes
El funcionario detalló que durante la revisión también se identificaron prácticas discrecionales, relaciones familiares y acuerdos internos que influyeron directamente en la entrega de plazas, lo que evidencia la necesidad de ordenar y transparentar dichos procedimientos dentro del sistema educativo estatal.
«No obedece a una persecución y tampoco hay ninguna intención de afectar los derechos laborales de los maestros. Es la respuesta a una firme convicción del gobernador Alejandro Armenta de poner
orden», dijo durante su participación en la habitual conferencia del gobernador.
García Parra precisó que, una vez concluida la integración del expediente y conforme a lo establecido por la ley, se dará vista a las instancias competentes, como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y, en el caso de plazas financiadas con recursos federales, a la Auditoría Superior de la Federación.
Explicó que la revisión busca impulsar un nuevo esquema de justicia laboral, en el que las y los docentes de carrera sean los principales beneficiados en la asignación de plazas educativas, mediante procesos más justos, transparentes y apegados a la normatividad.
Afirmó que sin importar los resultados que arroje el diagnóstico, las plazas otorgadas conforme a la legislación en la materia no serán invalidadas y tampoco se busca criminalizar al magisterio poblano ni pone en riesgo los derechos laborales.
