El Congreso del Estado recibió del Senado de la República la reforma constitucional en materia de extorsión, para que sea votada; el documento establece que los congresos deberán legislar a más tardar en el mes de marzo, para que exista una Ley General en la materia.
Durante la sesión ordinaria en la lectura de los ocursos, el presidente de la mesa directiva, Elías Lozada Ortega dio entrada a las dos reformas constitucionales que aprobaron en el Senado, la otra fue referente a los grados para la Guardia Nacional.
El Senado aprobó modificar el artículo 73 constitucional, el cual faculta al Congreso para expedir la Ley General en esta materia donde se establezcan los tipos penales y sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas. El proyecto se remitió a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México para su discusión y aprobación.
Dentro del documento, se señala que de acuerdo con datos de la Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los casos de extorsión sumaron en promedio 29.77 casos diarios, lo que representa un incremento del 57.62 por ciento en los últimos seis años.
La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, otorga al Congreso de la Unión la facultad de expedir una ley que unifique criterios, cierre vacíos legales y proteja de manera integral a la sociedad al establecer un marco homogéneo.
En Puebla está pendiente de revisarse una iniciativa presentada el año pasado para combatir la extorsión telefónica, presentada por el diputado Miguel Trujillo de Ita.
En la argumentación de la iniciativa se señala el objetivo de erradicar a extorsión telefónica que se comete desde los penales, es necesario castigar a quienes facilitan la introducción de dispositivos móviles, y la pena que se propone es hasta 12 años de prisión.
Trujillo de Ita, advirtió que la creciente utilización de dispositivos electrónicos de comunicación, como teléfonos celulares y tabletas, en los Centros de Reinserción Social, ha facilitado la comisión de delitos como extorsión, amenazas, fraudes y la difusión de contenido ilícito, generando un grave impacto en la seguridad y el bienestar de las víctimas.
Señaló que el personal penitenciario tiene una responsabilidad fundamental en el mantenimiento del orden y la seguridad al interior de los centros penitenciarios; sin embargo, se hace evidente que la presencia de estos dispositivos electrónicos dentro de los centros penitenciarios, no podría suceder sin ayuda interna o, en su caso, bajo el velo de la negligencia.
