El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó un punto de acuerdo en el Senado para declarar a los grupos del crimen organizado como organizaciones terroristas, reafirmó hoy su dirigente nacional, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas.
Dicha exigencia se anunció en continuación de la narrativa extranjera estadunidense de que la llamada ‘lucha contra el terrorismo’ y sus operaciones subsecuentes, son para la tranquilidad de los ciudadanos.
“Se debe tener más herramientas para combatir la inseguridad y la criminalidad”, justificó hoy el senador ‘Alito’ Moreno, alrededor de las 08:29 horas.
El priista señaló ayer en sus redes sociales que la amenaza no reconoce fronteras, por lo que —como propuso el presidente estadunidense, Donald Trump— debe enfrentarse en coordinación con otras naciones.
En caso de aprobarse la clasificación de terrorismo, la medida incluiría al cártel Los Soles, de Venezuela.
Alito Moreno exige investigación a fondo de hijos de AMLO
Durante su entrevista con Ciro Gómez Leyva, el dirigente priista indicó que los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tienen acusaciones en su contra por presunto tráfico con influencias.
Exigió una investigación a fondo contra Andrés ‘Andy’ Manuel y Gonzalo ‘Bobby’ Alfonso López Beltrán, ya que: “El pueblo de México exige claridad y que se llegue hasta las últimas consecuencias”.
Narrativa extranjera de terrorismo: acciones de Estados Unidos en México
La propuesta de clasificación del PRI llegó siete meses después de que Estados Unidos clasificó formalmente al crimen organizado como terrorismo el pasado 20 de febrero; la mayoría de cárteles fueron de origen mexicano.
Tras cumplir con dicha designación extranjera, Trump insistió en numerosas ocasiones al Gobierno de México ingresar militarmente al país bajo la justificación de ayudar en la lucha contra el terrorismo.
A partir de ese momento las acciones de dependencias estadunidenses alcanzaron a México, sus figuras políticas y al Estado mismo con sus instituciones federales y financieras.
La última ocasión fue la sanción del Departamento del Tesoro contra Hilda Araceli Brown, diputada morenista exalcaldesa de Rosarito, Baja California, y otras cinco personas.
La funcionaria fue acusada de participar en el tráfico de drogas con vínculos con la facción de ‘Los Mayos’ del Cártel de Sinaloa.
John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, recalcó que este cártel es una organización terrorista extranjera que corrompe a funcionarios locales.
