A cinco meses del hallazgo de restos humanos calcinados en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, mecanismos de supervisión de derechos humanos de la ONU denunciaron que el gobierno mexicano no ha respondido a sus solicitudes de información enviadas en junio pasado.
El 4 de junio, los grupos de trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y Detención Arbitraria, junto con las relatorías especiales sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Defensores de Derechos Humanos y Formas Contemporáneas de la Esclavitud, pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum un informe sobre el avance de las investigaciones, el resguardo de los restos, la crisis forense y las medidas de protección a colectivos de búsqueda.
El documento, publicado el 13 de agosto por la ONU, solicita garantizar la preservación de los restos para su identificación y entrega digna a familiares, e investigar tanto a los autores materiales como a posibles cómplices en la cadena de mando. Los expertos alertaron sobre la presencia de al menos tres hornos crematorios en el lugar, presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y utilizado para reclutamiento forzado, ejecuciones y cremación de víctimas.
También cuestionaron la actuación de la Fiscalía de Jalisco, que en visitas realizadas en septiembre de 2024 no habría inspeccionado a fondo el sitio. Entre sus peticiones figuran el uso del Protocolo de Minnesota, medidas contra la crisis forense que involucra a más de 72 mil personas fallecidas sin identificar, y acciones para proteger a buscadoras, recordando casos como el asesinato de María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez, integrantes de un colectivo de búsqueda en Jalisco.
La ONU formuló once preguntas al Estado mexicano, incluyendo acciones para prevenir el reclutamiento forzado de menores, la tortura, la explotación laboral y sexual, así como atender causas estructurales que podrían constituir formas contemporáneas de esclavitud. El oficio, firmado por cinco especialistas, establece que tanto la comunicación como las respuestas serían públicas 60 días después de la notificación. Hasta ahora, el gobierno de Sheinbaum no ha emitido respuesta.
