El gobierno estatal alista una reforma al Código Penal para combatir prácticas como las del “Cártel del Despojo”, una red que opera con la complicidad de autoridades para cometer actos jurídicos simulados desde Oaxaca y quitar la posesión de inmuebles ubicados en Puebla a sus dueños. El coordinador del gabinete, José Luis García Parra, adelantó que se busca sancionar a quienes participan en estos procesos ilegales, incluidos jueces y notarios.
En conferencia de prensa dio a conocer que al momento se tienen ubicados siete casos de víctimas de este delito, ya que fueron despojadas de sus predios ubicados en la colonia Gobernadores, en San Andrés Cholula, mediante procesos simulados.
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El gobernador subrayó que los errores en procesos de despido terminaron perjudicando más al Estado.
El Sol de Puebla informó que el modus operandi para cometer dicho ilícito se basó en
un acto jurídico ilegal en el que participaron autoridades judiciales de Oaxaca, que emitieron una sentencia y la remitieron a juzgados poblanos para que se concretara el despojo.
El fraude se basó en la simulación de un juicio mercantil, en el que los responsables afirmaron tener la posesión del inmueble de la colonia Gobernadores en San Andrés Cholula y lo ofrecieron en calidad de pago de una deuda al supuesto demandante. La autoridad en Oaxaca avaló el hecho sin verificar que se acreditara la legítima propiedad y dio aviso a la autoridad homóloga en Puebla para que se diera posesión al supuesto nuevo dueño.
García Parra expresó que ya se tienen identificadas a personas que desde el Poder Judicial en Puebla pudieron haber colaborado con el denominado “Cártel del Despojo” en dicho caso y se están integrando las pruebas para proceder contra ellos.
“Hemos detectado en el distrito judicial de Cholula, dentro de jueces y magistrados, estamos detectando que han tenido participación y contacto con estos grupos que han realizado este tipo de acciones. Ya los tenemos detectados, estamos armando perfectamente bien todo para poder proceder”, dijo.
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Explicó que a partir del caso, el Ejecutivo enviará una propuesta de modificación al Código Penal para sancionar a quien simule tener un cargo público para cometer fraudes, a quienes suplanten la identidad de un legítimo propietario o un representante legal y a quienes desde las notarías respalden esos actos de fraude y despojo.
Sin precisar si las víctimas podrían recuperar la posesión de sus propiedades, dijo que el objetivo es proteger a la sociedad y evitar que pudiera ser víctima de este delito, por lo que en un par de semanas la propuesta será enviada al Congreso Local para su análisis y posible aprobación.
