La periodista Lydia Cacho aseguró que ganó una apelación en la que pidió que el exgobernador de Puebla, Mario N, regresara al penal de El Altiplano en el Estado de México. En donde dos de tres jueces consideraron que el ex ejecutivo estatal es “peligroso”, por lo que se le cambiaron las medidas cautelares.
Fue a las 21:53 horas de este miércoles que el exgobernador de Puebla, Mario N, reingresó al penal del Altiplano, tras siete meses de prisión domiciliaria en su casa de Xilotzingo, en Puebla.
A través de su cuenta de Instagram, Cacho apuntó que este es un paso importante, ya que fue devuelto al penal de alta seguridad, no obstante, desde Puebla se busca liberarlo de las acusaciones de tortura, puesto que cuenta con relaciones políticas que están detrás de todo eso.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Mario N regresó al penal de El Altiplano, donde continuará su proceso judicial por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho. Lo anterior luego de que por siete meses se mantuvo en arraigo domiciliario en el fraccionamiento Residencial San Ángel, ubicado en la colonia San José Xilotzingo, perteneciente a la capital poblana.
La tarde de este 2 de abril se dio a conocer por fuentes ministeriales que el exmandatario, de 70 años de edad, fue notificado en su domicilio sobre su regreso al Centro Federal de Readaptación Social número 1 conocido como El Altiplano. Por ello fue trasladado en medio de un fuerte convoy policial.
Apenas el pasado 1 de febrero se había reunido con Arturo Hernández Davy, quien fue director del Sistema estatal DIF durante su gobierno; con el empresario Ignacio Roldán; así como con los periodistasGerardo Pérez y Carlos Castillo.
Cabe recordar que desde la madrugada del 14 de agosto del 2024 el ex ejecutivo estatal se encontraba en su vivienda de Xilotzingo, en Puebla, debido a que la jueza segunda de Quintana Roo, Angélica del Carmen Ortuño Suárez, ordenó modificar las medidas cautelares a cambio de la prisión preventiva, mediante una exhibición económica de 100 mil pesos y la prohibición de salir del país.
Desde su domicilio seguía el proceso judicial luego de que en 2005 fue acusado del delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.
