Para conocer su proyecto y brindarle apoyo, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, recibió en su despacho a Fátima Jimena Cahuantzi de la Fuente, estudiante tlaxcalteca que representará al estado y al país en la Exposición Internacional de Estudiantes Innovadores del Mundo Expo 2025, a celebrarse del 3 al 8 de agosto en Londres, Inglaterra.

Durante el encuentro, el alcalde reconoció el talento, la creatividad y el compromiso de la joven, creadora del proyecto “Coco Utensilios”, una propuesta sustentable que transforma la cáscara de coco en utensilios biodegradables. “Estoy seguro de que representarás dignamente a Tlaxcala. Todo mi respaldo en esta importante experiencia internacional”, expresó el edil durante el encuentro.

Por su parte, la estudiante del Colegio Altum de México, ubicado en Apetatitlán, agradeció el apoyo del Presidente, hacia quien manifestó su admiración por su labor en favor de la capital. Luego, señaló su interés por promover ideas que ayuden a reducir la contaminación y generar un impacto ambiental positivo desde el ámbito educativo.

La estudiante explicó que “Coco Utensilios” propone una alternativa ecológica al uso de plásticos, al diseñar platos 100 ciento biodegradables, que pueden reintegrarse al medio ambiente como alimento para aves o composta natural, proyecto con el que obtuvo el triunfo en la Expociencias de este año.

Con este respaldo, el ayuntamiento de Tlaxcala impulsa a las juventudes innovadoras que ponen en alto el nombre del municipio y del estado a través de proyectos con visión social, ecológica y global.

Este domingo la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la detención de Juan Ramón F, quien el sábado arrolló al comunicador Fredy Aco sobre la federal a Atlixco. Aunque de inicio se informó que se había dado a la fuga, la familia del automovilista señala que se marchó del lugar porque personal de la aseguradora GNP le afirmó que ellos se encargarían de todo.

De acuerdo con información que allegados a la familia de Juan Ramón hicieron llegar a e-consulta, él se marchó del sitio porque el personal de GNP le aseguró que ya se había logrado un acuerdo. Sin embargo, los trabajadores de la aseguradora no llegaron al hospital a donde el comunicador fue trasladado tras el percance.

Los familiares del ahora detenido hicieron hincapié en que el conductor no se dio a la fuga y que fue detenido en su casa, sin que hasta el momento (tarde del domingo) sepan en donde está retenido.

Fue a través de redes sociales que la FGE informó que Juan Ramón N., presunto responsable del accidente, ya se encontraba a disposición del Ministerio Público.

Mediante un comunicado, la FGE detalló que el hombre, de 54 años de edad, será investigado a fin de determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades por los hechos.

El accidente
El percance se registró la tarde del sábado 12 de julio sobre la autopista Atlixco–Puebla, a la altura del kilómetro 7, donde Fredy Aco, actual director de noticias de un portal digital, fue embestido por una camioneta Audi con placas TPW-521-B, que le provocó diversas lesiones.

Paramédicos del municipio de San Andrés Cholula acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y debido a la gravedad de las heridas fue trasladado de urgencia a un hospital.

De acuerdo con testigos el automovilista Juan Ramón F abandonó el sitio sin hacerse responsable del hecho. De igual forma, versiones periodísticas señalan que los elementos de la Guardia Nacional (GN) optaron por no asegurar al presunto responsable.

A través de una publicación en redes sociales, el gobierno estatal se solidarizó con el periodista e indicó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) “trabaja de manera coordinada con la Fiscalía para realizar las diligencias necesarias a fin de obtener el esclarecimiento del caso”.

De acuerdo con personas allegadas al periodista, se encuentra consciente y su estado de salud es estable tras haber sido sometido a una cirugía.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, remitió al Congreso local una iniciativa de reforma, a fin de que, por ley, los prestadores de servicio de seguridad privada estén obligados a capacitar a su personal operativo, así como a acreditarlos con exámenes de control y confianza. De no hacerlo, podrían ser acreedores con multas de hasta 565 mil pesos. 

En la iniciativa, que pretende modificar la Ley de Seguridad Privada del estado de Puebla, Armenta Mier argumentó que diversos casos documentados en la entidad han evidenciado la falta de profesionalismo, capacitación y confiabilidad de diversos elementos de seguridad privada, lo que ha derivado en actos de abuso, colusión con grupos delictivos o negligencia en la prestación del servicio, debilitando la confianza de la ciudadanía.

Por lo anterior, afirmó, es necesario regular las actividades de quienes prestan los servicios de vigilancia, protección de personas, bienes e inmuebles, traslado de valores y otros, estableciendo requisitos mínimos para su operación.

De ser aprobada esta reforma, que actualmente es analizada en comisiones, los prestadores de servicios estarán obligados a capacitar a su personal operativo a través de la universidad o dependencia de gobierno competente, previo pago de los derechos correspondientes. En el caso de quienes usan armas, estos deberán acreditar habilidades como adiestramiento en manejo de armamento y cursos actualizados de tiro con arma corta y larga.

Asimismo, deberán cumplir con las evaluaciones de control de confianza, las cuales se llevarán a cabo en el Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, o bien en la universidad competente.

En consecuencia, los prestadores de servicio deberán informar a la Dirección General de Seguridad Privada del gobierno estatal, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, la totalidad de su planilla laboral actualizada. También deberán aplicar a sus elementos exámenes periódicos de confianza en el Centro Único de Evaluación y Control de Confianza, o de la dependencia o entidad del estado competente.

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Si los efectivos incumplen este paso, los prestadores de servicio deberán remitir al gobierno estatal, en los tres días hábiles siguientes a los resultados, la documentación que compruebe que fueron dados de baja. De lo contrario, podrían ser acreedores a multas de 500 a cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), que equivalen a 56 mil 570 hasta 565 mil 700 pesos.