El Congreso de Puebla aprobó por unanimidad que los trabajadores del gobierno estatal que cometan actos de hostigamiento o acoso sexual contra cualquier persona en su centro laboral sean dados de baja, sin derecho a liquidación o prestaciones.
Lo anterior, porque al ser cesado por falta normativa el estado no tendría que indemnizar o compensar al burócrata, pues no se trataría de un despido injustificado.
Con 39 votos a favor, el Pleno aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo, Competitividad y Previsión Social y la de Igualdad de Género, para reformar el inciso A de la fracción V del artículo 43 y adicionar la fracción V al artículo 42 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.
En su intervención, el diputado proponente Rafael Micalco Méndez recordó que estos delitos y sus sanciones ya están contemplados en la Ley Federal del Trabajo y en el Código Penal del Estado.
No obstante, resaltó que era necesario especificar el castigo para “quienes están en una situación de mayor jerarquía y cometen estos actos con personas a su mando”.
Ahora, el hostigamiento y/o el acoso sexual son una de las causales de suspensión temporal para los trabajadores, sin responsabilidad para el estado, “siempre y cuando se demuestre que el inculpado cometió el delito”, detalló.
Asimismo, comentó que la violencia que viven las mujeres en el ámbito laboral, traducido en actos como acoso, discriminación salarial o dificultad para obtener un puesto de toma de decisiones tiene efectos nocivos para ellas.
