La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó 30 controversias constitucionales en contra del Plan B en materia electoral que luego de ser aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado de la República, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 2 de marzo.
Fue el ministro Alberto Pérez Dayán quien aceptó el trámite de estas 30 controversias para impugnar las reformas que se hicieron a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Las controversias institucionales fueron presentadas por diferentes municipios de estados del país, entre los que se citan: el Estado de México, Coahuila, Durango, Querétaro, Guanajuato y Michoacán.
De acuerdo con los documentos, dichas reformas que forman parte del Plan B impiden destinar más del 0.1 por ciento del presupuesto en gastos relacionados con el área de comunicación social, situación que “vulnera la autonomía” de los ayuntamientos, señalan.
No obstante, la suspensión de esta nueva ley les fue negada, bajo el argumento de que la reforma no atenta contra ningún derecho humano.
Cabe señalar que, estas controversias contra el Plan B se suman a las más de 120 que se han presentado por parte de otras entidades de la República, como Puebla, Tlaxcala, Nuevo León, Jalisco, Yucatán, entre otros.
