Abogados litigantes en el estado de Puebla han destapado lo que califican como una \u00abaut\u00e9ntica denegaci\u00f3n material de justicia\u00bb y un esquema de protecci\u00f3n institucional dentro del Poder Judicial del Estado.<\/p>\n\n\n\n
Los litigantes C\u00e9sar Pineda Z\u00e1rate y Maurilio V\u00e1zquez Diego denunciaron formalmente al presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Mart\u00ednez Hern\u00e1ndez, por paralizar de forma deliberada las quejas administrativas interpuestas en contra de la jueza de control de Cholula, Karla Ivonne Mungu\u00eda Olmos.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con los expedientes institucionales, la jueza Mungu\u00eda Olmos ha omitido y dilatado de manera sistem\u00e1tica la celebraci\u00f3n de la audiencia inicial dentro de la causa penal 757\/2025\/CHOLULA, correspondiente al delito de despojo, donde se encuentra involucrada una persona con discapacidad en calidad de victima; una conducta que, seg\u00fan los denunciantes, busca beneficiar directamente a integrantes del denominado \u00abcartel inmobiliario\u00bb en la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Esta par\u00e1lisis procesal ocurre a pesar de que el gobernador del estado impuls\u00f3 y concret\u00f3 reformas legales espec\u00edficas para perseguir penalmente y desarticular las operaciones il\u00edcitas de las mafias inmobiliarias en la entidad.<\/p>\n\n\n\n
Consejo de la Judicatura: de \u00f3rgano disciplinario a \u00abescudo de impunidad\u00bb
Ante las irregularidades cometidas por la juzgadora, los litigantes promovieron los recursos disciplinarios de queja correspondientes, los cuales quedaron radicados bajo los n\u00fameros de expediente administrativo 321\/2026 y 350\/2026. Sin embargo, el consejero presidente Pedro Antonio Mart\u00ednez Hern\u00e1ndez, ha bloqueado el tr\u00e1mite legal de ambos casos promovidos en contra de la jueza de control Karla Ivonne Mungu\u00eda Olmos para frenar audiencias por el delito de despojo.<\/p>\n\n\n\n
\u00abLa autoridad recibi\u00f3 las quejas y les asign\u00f3 n\u00famero, pero desde ese momento cayeron en un silencio absoluto ya desde hace varios d\u00edas que se presentaron dichas quejas, pues no han movido un solo dedo. No hay acuerdos, no hay notificaciones, ni una sola actuaci\u00f3n material encaminada a investigar\u00bb, se\u00f1alaron los litigantes. Asimismo, afirmaron que al constituirse en las oficinas de la Presidencia del Consejo para exigir el avance procesal, el magistrado Pedro Antonio Mart\u00ednez Hern\u00e1ndez se niega a recibirlos bajo el argumento del personal de su secretar\u00eda de que \u00abnunca est\u00e1 en su oficina\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Llevan el caso a la justicia federal mediante juicio de amparo<\/p>\n\n\n\n
Ante el blindaje institucional, el abogado C\u00e9sar Pineda Z\u00e1rate acudi\u00f3 a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo en el Estado de Puebla para interponer una demanda de amparo indirecto en contra del presidente del Consejo de la Judicatura.<\/p>\n\n\n\n
En el cuerpo del juicio constitucional se argumenta la violaci\u00f3n flagrante a los art\u00edculos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos, acusando que la inactividad del Consejo no es una simple demora burocr\u00e1tica tolerable, sino una transgresi\u00f3n al acceso efectivo a la justicia.<\/p>\n\n\n\n
\u00abLas responsables no cuentan con facultad discrecional para decidir si tramitan o no una denuncia administrativa v\u00e1lidamente presentada; la ley les impone un deber jur\u00eddico concreto de actuaci\u00f3n\u00bb, sostiene la demanda de amparo.<\/p>\n\n\n\n
Exigen inspecci\u00f3n judicial en las oficinas del Poder Judicial<\/p>\n\n\n\n
Como medida contundente para romper el bloque de opacidad, la defensa ha solicitado formalmente al juez de distrito la ejecuci\u00f3n de una Inspecci\u00f3n Judicial f\u00edsica y electr\u00f3nica en las instalaciones del Consejo de la Judicatura del Estado.<\/p>\n\n\n\n
Con esta prueba, se busca que un actuario federal certifique directamente la ausencia total de acuerdos y la congelaci\u00f3n material de los expedientes 321\/2026 y 350\/2026. Los quejosos han solicitado adem\u00e1s la suspensi\u00f3n con efectos restitutorios para obligar de manera inmediata al magistrado Pedro Antonio Mart\u00ednez Hern\u00e1ndez a reactivar los procedimientos de responsabilidad administrativa y dejar de encubrir penal y disciplinariamente a los funcionarios se\u00f1alados. Con esto, el Poder Judicial del Estado enfrenta una de sus crisis de credibilidad m\u00e1s severas en el combate a la corrupci\u00f3n inmobiliaria.<\/p>\n\n\n\n
En un duro cuestionamiento a su perfil, los denunciantes se\u00f1alaron que el consejero presidente carece de la trayectoria necesaria para el cargo, pues de acuerdo con registros oficiales de la SEP, obtuvo su c\u00e9dula de Derecho por una universidad de poco calado denominada IEU apenas en 2018.<\/p>\n\n\n\n
A decir de los litigantes, este corto historial derivado de una instituci\u00f3n privada comercial evidencia una falta de experiencia y rigor legal que explica el desaseo institucional en el manejo de las quejas, ya que si bien la ley no proh\u00edbe el desempe\u00f1o de dicho cargo con base en la temporalidad del otorgamiento de su c\u00e9dula, moralmente resulta una burla para la sociedad y las instituciones encargadas de impartir justicia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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