Algunos a\u00fan se preguntan si es necesaria una reforma fiscal, mientras que las disposiciones en la miscel\u00e1nea rebasan los l\u00edmites de la autoridad recaudatoria, abriendo un debate sobre el tipo de medidas que deber\u00edan ser sujetas a deliberaci\u00f3n en democracia. El hecho es que, a partir del 1 de abril, las autoridades de fiscalizaci\u00f3n se convertir\u00e1n en una vigilancia pan\u00f3ptica con una versi\u00f3n mejorada: en l\u00ednea, optimizada con herramientas de inteligencia artificial e instalada dentro de todas las plataformas digitales para monitorear transacciones, utilizando la CURP y el RFC como identificadores personales.<\/p>\n\n\n\n
Esto comenzar\u00e1 a operar en M\u00e9xico como una de las disposiciones m\u00e1s profundas e innovadoras del r\u00e9gimen fiscal aplicable a plataformas digitales. Desde esa fecha, quienes prestan servicios digitales deber\u00e1n habilitar al Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) un acceso continuo, en l\u00ednea y en tiempo real, a la informaci\u00f3n necesaria para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Ello tambi\u00e9n permitir\u00e1 a la autoridad contrastar, de forma indirecta, el comportamiento de los contribuyentes frente a posibles discrepancias fiscales; es decir, no resultar\u00e1 sostenible declarar ingresos inferiores al nivel de gasto sin consecuencias.
Pagar en efectivo mediante tiendas de conveniencia no salvar\u00e1 a los contribuyentes que perciben ingresos en efectivo y, principalmente, son mujeres quienes habitan la econom\u00eda de la informalidad, quienes ganan en efectivo y quienes se han dedicado a ofrecer productos y servicios como la reventa de productos adquiridos en plataformas digitales. Se trata de la reforma al art\u00edculo 30-B del C\u00f3digo Fiscal, publicada en el DOF el 7 de noviembre de 2025, contenida en el Paquete Fiscal 2026.<\/p>\n\n\n\n
Lo anterior, como en letras peque\u00f1as y con poca publicidad, tiene fundamento en las reglas de operaci\u00f3n publicadas el domingo 28 de diciembre de 2025, dentro de la Resoluci\u00f3n Miscel\u00e1nea Fiscal para 2026. En particular, la regla 2.9.21 obliga a las plataformas a habilitar mecanismos de consulta continua sobre la informaci\u00f3n transaccional: el tipo de servicio prestado, el impuesto trasladado o retenido, el precio final, el folio fiscal, la CURP o el RFC del cliente, as\u00ed como el m\u00e9todo de pago. Aunque la finalidad de la disposici\u00f3n es fortalecer la trazabilidad de operaciones digitales en un entorno donde las transacciones en l\u00ednea son cada vez m\u00e1s frecuentes, esto implicar\u00e1 un golpe a las finanzas de los sectores de la informalidad que hab\u00edan encontrado en la tecnolog\u00eda una salida para sostenerse y son principalmente mujeres.<\/p>\n\n\n\n
En nuestro pa\u00eds, del 55% al 56% de las mujeres ocupadas trabajan en la informalidad, y m\u00e1s de 7 millones de mujeres emprendedoras en M\u00e9xico lo hacen mediante redes sociales, comercializando productos en internet o comprando mercanc\u00edas que revenden en f\u00edsico. Durante la pandemia les apodaron \u201cnenis\u201d; en realidad, son mujeres emprendedoras que resisten a una econom\u00eda estructuralmente hostil.<\/p>\n\n\n\n
Ahora, adem\u00e1s de que las mujeres en la informalidad deben lidiar con menor acceso a seguridad social, subcontrataci\u00f3n y menores ingresos (casi la mitad gana menos de un salario m\u00ednimo), tambi\u00e9n deber\u00e1n enfrentar una presi\u00f3n fiscal creciente. Si las plataformas exhiben sus patrones de consumo, incluso cuando compran para vender a terceros, y esas ganancias no son reportadas al SAT mediante declaraciones, podr\u00edan enfrentar citatorios, embargos o cancelaci\u00f3n de cuentas. Vale la pena recalcar que la afectaci\u00f3n es estructural: aproximadamente 25 millones de mujeres no buscan empleo debido a responsabilidades de cuidado. Las plataformas digitales y el uso de efectivo han sido, para muchas, un mecanismo de supervivencia en un entorno de exclusi\u00f3n econ\u00f3mica.<\/p>\n\n\n\n
Una medida que ya se aplica
Al d\u00eda de hoy, plataformas de comercio electr\u00f3nico ya incorporan apartados para solicitar RFC o CURP al momento de realizar transacciones. Esta informaci\u00f3n no necesariamente es verificada, lo que permite ingresar datos sin que pertenezcan a qui\u00e9n hace la compra, reforzando la necesidad de proteger los datos personales y habilitar alternativas para reclamo. Lo que cambia ahora es la existencia de una supervisi\u00f3n permanente por parte del SAT, inexistente hasta este momento.<\/p>\n\n\n\n
Ojo: el destinatario principal de la obligaci\u00f3n son las plataformas digitales, lo que sostengo es que esta obligaci\u00f3n afectar\u00e1 indirectamente a contribuyentes y esa afectaci\u00f3n es principalmente a mujeres. La disposici\u00f3n aplica igualmente a empresas o personas residentes en el extranjero sin establecimiento en M\u00e9xico que presten servicios digitales, as\u00ed como a intermediarios. Por s\u00ed mismo, este modelo implica un cambio estructural en la fiscalizaci\u00f3n del que vale la pena hablar, consistente en una digitalizaci\u00f3n intensiva de la recaudaci\u00f3n sin necesidad de una reforma fiscal constitucional. En caso de incumplimiento, la autoridad podr\u00e1 ordenar el bloqueo temporal del servicio digital. El llamado \u201capag\u00f3n digital\u201d, en coordinaci\u00f3n con la Agencia de Transformaci\u00f3n Digital y Telecomunicaciones.<\/p>\n\n\n\n
Tradicionalmente, el control tributario se basaba en revisiones peri\u00f3dicas o auditor\u00edas focalizadas que contaban con rutas procesales para su atenci\u00f3n. Ahora, la supervisi\u00f3n es constante y su incumplimiento, que puede derivar en el bloqueo de plataformas, abre tambi\u00e9n interrogantes sobre la libertad de expresi\u00f3n de medios de comunicaci\u00f3n que operan bajo modelos de suscripci\u00f3n y que podr\u00edan ser retirados de internet por inconsistencias fiscales detectadas en tiempo real.<\/p>\n\n\n\n
Desde la perspectiva recaudatoria, el esquema puede incrementar la eficiencia del control y la captaci\u00f3n de ingresos, pero tambi\u00e9n introduce desaf\u00edos operativos y reconfigura el equilibrio entre vigilancia fiscal, libertad, privacidad, certidumbre regulatoria y derechos digitales.<\/p>\n\n\n\n
La posibilidad de bloquear temporalmente el acceso a plataformas digitales no es nueva. Los art\u00edculos 18-H Bis a 18-H Quintus de la Ley del IVA prev\u00e9n, desde 2021, esta facultad. Lo que cambia ahora es la escala y profundidad del sistema, que se ampl\u00eda significativamente con la reforma al C\u00f3digo Fiscal.<\/p>\n\n\n\n
Libertad de expresi\u00f3n y protecci\u00f3n de datos personales
El apag\u00f3n de plataformas digitales incumplidas tambi\u00e9n deja abiertas tensiones en materia de libertad de expresi\u00f3n, particularmente para medios que dependen de suscripciones digitales. Una discrepancia entre lo reportado y lo observado por la autoridad podr\u00eda traducirse en la suspensi\u00f3n del servicio como medida de presi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, la discusi\u00f3n sobre privacidad y protecci\u00f3n de datos personales es ineludible. Aunque formalmente la informaci\u00f3n es de car\u00e1cter fiscal, el acceso continuo a datos transaccionales permite reconstruir g\u00e9nero, nivel socioecon\u00f3mico, preferencias, patrones de consumo y comportamiento econ\u00f3mico, todos asociados a identificadores personales como la CURP y el RFC. La concentraci\u00f3n de estos datos exige est\u00e1ndares robustos de ciberseguridad y gobernanza de la informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, la regulaci\u00f3n secundaria no detalla aspectos cr\u00edticos del modelo: no establece est\u00e1ndares t\u00e9cnicos m\u00ednimos de seguridad, ni protocolos claros sobre el uso, conservaci\u00f3n o trazabilidad de los accesos. Tampoco define con precisi\u00f3n los supuestos que detonar\u00edan sanciones como el bloqueo. Ni siquiera la cantidad de tiempo que esta informaci\u00f3n ser\u00e1 almacenada y por quienes. Esta ambig\u00fcedad abre espacios de discrecionalidad y genera incertidumbre jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n
En los pr\u00f3ximos meses contando desde abril comenzar\u00e1 a medirse el impacto real de una pol\u00edtica fiscal que redefine la relaci\u00f3n entre el Estado, usuarios y la econom\u00eda digital. Pero el fondo del debate no es \u00fanicamente t\u00e9cnico ni recaudatorio sino que es pol\u00edtico y constitucional. Mientras la vigilancia se vuelve constante, invisible y normalizada, el poder ya no necesita exhibirse para operar con eficacia y eso deber\u00eda hacernos pensar sobre privacidad.<\/p>\n\n\n\n
En ese punto, la pregunta deja de ser \u00fanicamente cu\u00e1nto recauda el Estado, para convertirse en otra m\u00e1s compleja: bajo qu\u00e9 l\u00edmites observa, registra y condiciona la vida econ\u00f3mica de las personas. El riesgo no es solo la fiscalizaci\u00f3n intensiva, sino la naturalizaci\u00f3n de un sistema donde la observaci\u00f3n permanente se convierte en regla y no en excepci\u00f3n. Vigilar y castigar, en su m\u00e1xima expresi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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