Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) inv\u00e1lido en su totalidad el decreto de reforma aprobada en octubre de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusi\u00f3n en materia de derecho de las audiencias, por el que hab\u00eda quedado eliminada la obligaci\u00f3n de concesionarios de radio y televisi\u00f3n a distinguir entre opini\u00f3n e informaci\u00f3n al presentar una noticia.<\/p>\n\n\n\n
El proyecto del ministro Alberto P\u00e9rez Day\u00e1n, atendi\u00f3 diversas acciones de inconstitucionalidad presentadas, bajo el argumento de que al momento de aprobarse dicha reforma en el Senado de la Rep\u00fablica, \u201cse violaron los procesos legislativos\u201d.
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La primera de las violaciones, explic\u00f3, fue que el dictamen se aval\u00f3 sin las lecturas previas que marca el reglamento del Congreso, mientras que las segunda de ellas, fue que no se cumpli\u00f3 con el requisito de que el dictamen se hubiese publicado en la gaceta del Senado al menos 24 horas antes de su discusi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEstos requisitos fueron soslayados en la discusi\u00f3n correspondientes y significan una violaci\u00f3n a al proceso legislativo, as\u00ed como al derecho que asiste a las minor\u00edas de no ser excluido de los procesos legislativos\u201d, se\u00f1al\u00f3 P\u00e9rez Day\u00e1n.
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La ministra Loreta Ort\u00edz, explic\u00f3 que, adicionalmente, la reforma se deb\u00eda invalidar por falta de consulta a comunidades ind\u00edgenas y personas con discapacidad.<\/p>\n\n\n\n
\u201cA partir de una interpretaci\u00f3n del art\u00edculo segundo constitucional, los pueblos y comunidades ind\u00edgenas tiene derechos a ser consultados previamente sobre pol\u00edticas y leyes que puedan afectarlos directamente. La denegaci\u00f3n de este derecho, sin duda, tendr\u00e1 como efecto una violaci\u00f3n a sus derechos humanos\u201d, asever\u00f3.
El proyecto tambi\u00e9n propon\u00eda dotar al Congreso de un plazo de seis meses para emitir otra reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusi\u00f3n, \u201ca fin de armonizar los derechos de las audiencias con las libertades de los medios de comunicaci\u00f3n en la materia\u201d, sin embargo, en la sentencia solo se aprob\u00f3 invalidar el decreto.<\/p>\n\n\n\n
La ministra Yasm\u00edn Esquivel Mossa se\u00f1al\u00f3 que, cuando la Segunda Sala de la SCJN, de la que ella es Presidenta, analiz\u00f3 algunas de las normas reclamadas, discrep\u00f3 de otorgar el amparo, porque consider\u00f3 que sistema de autorregulaci\u00f3n de los concesionarios de radio y televisi\u00f3n s\u00ed favorece la libertad de expresi\u00f3n de las y los comunicadores, y al mismo tiempo, protegen el derecho de las audiencias a elegir los contenidos audiovisuales con total libertad de criterio.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, como en el caso el proyecto demostraba que en el proceso de creaci\u00f3n de las normas reclamadas hubo diversas omisiones al reglamento de Senado, ello le obligaba a votar por su invalidez, para que el Congreso de la Uni\u00f3n, en uso de sus competencias constitucionales, legisle de nueva cuenta sobre los derechos de las audiencias con pleno respeto del ejercicio de la libertad de expresi\u00f3n de quienes comunican sus ideas en las radiodifusoras y televisoras del pa\u00eds, tomando en cuenta que este Tribunal Pleno no le impone al Poder Legislativo Federal directriz, ni lineamiento alguno, porque esta decisi\u00f3n no examina el fondo del asunto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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