Personal operativo, paramédicos y el agrupamiento de motociclistas del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) en Puebla iniciaron formalmente un esquema de trabajo bajo protesta, denunciando un clima persistente de hostigamiento sistemático, aplicación de actas administrativas punitivas, falta de equipo de protección y un colapso operativo que vulnera la atención a los ciudadanos. Ante este panorama, el gremio exigió públicamente la destitución inmediata del titular del área, Fernando Carrasco, y del coordinador operativo, Brandon Yareth Abraján Pérez.
La protesta pacífica se concentró a las afueras del Hospital de Traumatología y Ortopedia Dr. Rafael Moreno Valle, donde los inconformes rotularon las ambulancias con mensajes de inconformidad y colocaron mantas informativas sin interrumpir el tránsito vehicular ni detener la atención de emergencias. El representante sindical Álvaro Vélez denunció que desde la llegada de la actual administración se ha carecido de canales institucionales de diálogo, señalando además que mandos operativos carecen de nombramientos oficiales válidos dentro de la estructura de la Secretaría de Salud.
Por su parte, los elementos operativos detallaron abusos cotidianos que incluyen visitas domiciliarias de hostigamiento para verificar su ubicación fuera de turno, amagos de rescisión contractual y sanciones arbitrarias por supuesta baja productividad aplicada incluso a personal en periodo vacacional. Asimismo, revelaron que el personal de motociclistas debe costear por sus propios medios el equipo de protección indispensable como cascos, botas y chamarras, operando además con un déficit crítico de unidades disponibles en la capital y la zona metropolitana.
Pese a la gravedad de las acusaciones y la exigencia de cambios directivos, los paramédicos reiteraron su compromiso absoluto con la sociedad poblana, confirmando que no realizarán paros totales de labores sino que mantendrán las unidades circulando bajo protesta mientras sostienen mesas de negociación con la Secretaría de Salud estatal para alcanzar acuerdos definitivos y garantizar condiciones laborales dignas.
