La industria de la aviación comercial en México sufre un nuevo y duro golpe luego de que una jueza federal ordenara de manera formal el inicio del proceso de liquidación de la aerolínea Magnicharters. La resolución pone fin a meses de incertidumbre financiera, parálisis operativa e incumplimientos de pagos que venía arrastrando la empresa, marcando el cierre definitivo de una compañía con tres décadas de trayectoria en el mercado turístico nacional.
La determinación judicial fue emitida por Tessy del Rocío Covarrubias, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, quien ratificó que Grupo Aéreo Monterrey, la razón social encargada de operar la aerolínea, se encuentra en una absoluta insolvencia económica. Dicha situación financiera imposibilita a la compañía para responder a las múltiples obligaciones contraídas con sus distintos acreedores, trabajadores y clientes afectados a lo largo de los últimos meses.
De acuerdo con los expedientes financieros del caso, los pasivos acumulados por la aerolínea ascienden a una cifra cercana a los 800 millones de pesos. Entre los adeudos más significativos destacan compromisos por aproximadamente 80 millones de pesos con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), derivados de servicios aeroportuarios esenciales y el arrendamiento de espacios indispensables para el desarrollo de sus actividades cotidianas.
La crisis de la empresa se agudizó de forma paulatina desde finales de 2025, periodo en el que comenzaron a registrarse las primeras alertas por retrasos en el pago de salarios a su personal técnico y administrativo. La situación escaló drásticamente en abril de 2026 cuando la aerolínea suspendió la totalidad de sus vuelos comerciales, lo que motivó a la Agencia Federal de Aviación Civil a intervenir tras detectar irregularidades normativas que derivaron en la posterior revocación de su certificado de operaciones.
Como parte del fallo emitido por el tribunal federal, se ordenó el nombramiento inmediato de un síndico encargado de asegurar, inventariar y administrar los bienes restantes de la corporación. El objetivo de este procedimiento legal es proceder con la enajenación de los activos disponibles para recaudar los recursos necesarios con los cuales intentar cubrir los adeudos pendientes, cerrando así un capítulo crítico para el sector aeronáutico del país.
