Una profunda indignación y exigencias de revisión judicial se han desatado en el municipio de Atlixco, luego de que familiares y representantes legales de Margarito —conocido cariñosamente como Don Toño, un dedicado comerciante de materiales para la construcción con más de treinta años de trayectoria en la región— denunciaran presuntas irregularidades durante una audiencia celebrada en la Casa de Justicia local.
De acuerdo con los testimonios expuestos por los afectados, los hechos se originaron tras el lamentable fallecimiento del comerciante, quien perdió la vida luego de permanecer veintitrés días internado en un hospital a consecuencia de las graves lesiones físicas sufridas durante una agresión previa. Ante esta situación, la familia y su equipo jurídico se presentaron puntualmente a las 8:15 horas del pasado 29 de octubre en el Centro de Justicia Penal para participar en la diligencia correspondiente.
Sin embargo, los denunciantes señalaron que, a pesar de haber arribado con la anticipación requerida, personal del recinto judicial les impidió el acceso bajo el pretexto de que la audiencia ya había dado inicio. Esta exclusión provocó que el procedimiento legal se llevara a cabo por completo a espaldas de la parte afectada y sin la presencia de sus abogados defensores, lo cual calificaron como una flagrante violación a sus garantías constitucionales y derechos como víctimas.
Durante dicha audiencia, el juez de Control a cargo del caso determinó la liberación inmediata del imputado al considerar, bajo su apreciación legal, que los elementos presentados no acreditaban de manera concluyente una relación directa y causal entre la agresión física perpetrada y el posterior deceso del comerciante atlixquense. La decisión judicial causó desconcierto y profunda molestia entre los familiares de la víctima.
Ante este panorama adverso, la representación legal encabezada por el abogado Daniel Navarro anunció que interpondrán los recursos necesarios y solicitarán de manera formal la intervención del Tribunal Superior de Justicia de Puebla y del Consejo de la Judicatura para indagar la actuación del juzgador. Asimismo, exigieron a la Fiscalía General del Estado dar un puntual seguimiento a la apelación interpuesta, con el firme objetivo de que se garantice el acceso a la justicia y se esclarezcan los hechos con total transparencia.
