El Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla se encuentra bajo los reflectores políticos y administrativos tras salir a la luz señalamientos sobre un contrato por 129.7 millones de pesos adjudicado a la empresa Comercializadora JVLY para la adquisición de materiales y documentación electoral.
La presidenta del organismo, Blanca Yassahara Cruz García, salió en defensa de la legalidad de los procedimientos administrativos ejecutados bajo su gestión en el IEE, asegurando que los procesos de licitación y adjudicación se apegaron de manera rigurosa a los marcos normativos vigentes y a los principios de transparencia requeridos.
Sin embargo, el tema ha cobrado relevancia mediática y política debido a que la proveedora favorecida con el contrato ha sido objeto de revisión y observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contratos similares celebrados con otras entidades del país, lo que ha encendido las alarmas sobre el uso del presupuesto electoral.
A la par de esta situación, reportes de fiscalización del ámbito local señalan que la Auditoría Superior del Estado (ASE) analiza posibles anomalías e inconsistencias por un monto superior a los 138 millones de pesos en la cuenta pública del ejercicio correspondiente, lo que incrementa la presión hacia los mandos y órganos ejecutivos del instituto.
Diversas voces del ámbito político local han exigido que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes a fondo y sin sesgos para deslindar responsabilidades, argumentando que la confianza en las instituciones electorales requiere absoluta claridad en el manejo de los recursos públicos asignados para la realización de los procesos democráticos.
