Las próximas elecciones legislativas en Estados Unidos, programadas para el 3 de noviembre de 2026, se perfilan como un factor determinante que podría influir de manera directa en el rumbo de las negociaciones y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). De acuerdo con un análisis financiero emitido por el banco suizo UBS, los comicios podrían modificar sustancialmente la composición del Congreso estadounidense y, con ello, el nivel de supervisión política sobre las decisiones económicas y arancelarias de la Casa Blanca.
El informe detalla que, en caso de que el Partido Demócrata logre arrebatar el control de una o ambas cámaras legislativas, se incrementaría de forma notable el escrutinio sobre las medidas comerciales impulsadas por la administración de Donald Trump. Esto incluiría solicitudes formales de comparecencia para funcionarios clave como Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, quien participa activamente en los diálogos bilaterales y trilaterales relacionados con el futuro del acuerdo comercial regional.
No obstante, los especialistas advierten que una mayor vigilancia por parte del Poder Legislativo no necesariamente frenará por completo las políticas del Ejecutivo, ya que la presidencia estadounidense cuenta con diversos mecanismos legales para mantener su estrategia arancelaria. Para México, el resultado electoral representará principalmente un cambio en el entorno político y de presión bajo el cual se desarrollan los encuentros comerciales, sin que esto signifique por sí mismo la cancelación o continuidad inmediata del tratado.
Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha señalado que el gobierno mexicano mantiene una comunicación constante y fluida con sus contrapartes estadounidenses, con el firme objetivo de concretar acuerdos favorables antes de que concluya el año. Entre los temas prioritarios de la agenda bilateral se encuentran los aranceles aplicados a sectores estratégicos como el automotriz, el acero y el aluminio, además de la posible imposición de reglas de origen más estrictas que buscan elevar los requisitos de contenido regional.
