El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó formalmente una acusación en contra de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, identificado por las autoridades mexicanas como un operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con actividades ilícitas en entidades como Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Tabasco. El señalamiento judicial emitido por un gran jurado federal en el Distrito de Columbia se centra en su presunta responsabilidad en delitos de tráfico internacional de cocaína y metanfetamina.
De acuerdo con el informe difundido por las instancias estadounidenses, el operador criminal habría trabajado durante dos décadas para expandir las capacidades operativas de la organización delictiva, empleando tácticas de violencia e intimidación. Asimismo, el expediente judicial incluye cargos por la posesión de armas de fuego vinculadas de manera directa a actividades de narcotráfico, advirtiendo que en caso de ser hallado culpable podría enfrentar penas severas que van desde un mínimo de 40 años hasta múltiples cadenas perpetuas.
La formulación de estos cargos se da a conocer semanas después de que las fuerzas federales de seguridad en México concretaran la captura de Cazarín Molina durante un operativo táctico desplegado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Las investigaciones ministeriales lo ubican históricamente dentro del primer círculo de colaboración del fallecido líder criminal Nemesio Oseguera Cervantes, además de relacionarlo con diversos delitos graves como homicidio, extorsión, secuestro, robo de hidrocarburos y lavado de dinero.
A nivel nacional, el pasado 14 de octubre un juez federal dictó auto de vinculación a proceso en contra de “El Tanque” por los delitos de delincuencia organizada, secuestro, portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y delitos contra la salud. Tras su aprehensión, el presunto mando criminal fue recluido bajo estrictas medidas de seguridad en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, conocido como el penal del Altiplano, en el Estado de México.
Aunque la fiscalía norteamericana no ha emitido por el momento una solicitud formal de extradición para juzgarlo en su territorio, el gobierno de Estados Unidos reiteró su compromiso de colaborar en el combate a las estructuras criminales transnacionales. Con estas acciones, las autoridades de ambos países buscan desmantelar las redes financieras y operativas de los principales cárteles que impactan la seguridad en las regiones del centro y sur de la República Mexicana.
MLC
