El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED) presentó un informe ante la Asamblea General en el que advirtió sobre la gravedad y persistencia de las desapariciones de personas en México, señalando la existencia de indicios fundados de que dichas conductas podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Durante la sesión celebrada en la sede del organismo internacional, el presidente del comité, Juan Pablo Albán, activó de manera formal el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un mecanismo preventivo de carácter excepcional concebido para movilizar la cooperación técnica e institucional a nivel global.
El representante del organismo multilateral enfatizó que el apoyo internacional busca coadyuvar en las labores de búsqueda, el esclarecimiento de la verdad, la atención a la crisis forense y la protección de los colectivos de familiares y defensores de derechos humanos en el país latinoamericano.
Por su parte, la delegación del Estado mexicano reconoció ante la Asamblea General la existencia de desafíos estructurales complejos —incluyendo la participación de autoridades de carácter municipal en algunos de los casos— y defendió las acciones emprendidas mediante el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y las fiscalías locales, reportando la localización de miles de personas en lo que va del año.
La sesión estuvo marcada por momentos de tensión tras el desalojo de un grupo de familiares de personas desaparecidas que participaban en las inmediaciones del recinto con pancartas y fotografías, un hecho que generó expresiones de solidaridad por parte de los expertos internacionales y renovó el debate sobre la eficacia de las políticas de búsqueda en México.
