Derivado de los recientes diagnósticos y evaluaciones emitidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), autoridades estatales y municipales se encuentran analizando de manera formal el cierre y la posible reubicación de diversos penales municipales en el estado de Puebla. La medida responde a los bajos puntajes y severas deficiencias estructurales detectadas en varias instalaciones penitenciarias del interior del estado, las cuales incumplen con los estándares mínimos de gobernabilidad y respeto a los derechos humanos.
De acuerdo con el informe de la CNDH, los centros de reinserción social evaluados enfrentan problemáticas críticas en rubros fundamentales como la garantía de la integridad física y moral de los internos, condiciones de estancia digna, salubridad, prevención de incidentes violentos y un adecuado control y capacitación del personal de custodia. Entre los centros que obtuvieron los puntajes más bajos a nivel estatal destaca el penal de Acatlán de Osorio, el cual fue catalogado como el peor evaluado del estado al registrar una calificación de 3.42, operando además en condiciones de sobrepoblación al albergar a 81 personas pese a contar con una capacidad diseñada para únicamente 50 internos.
A esta situación se suman las instalaciones de municipios como Huejotzingo, que obtuvo 3.84; Libres, con 4.58; Huauchinango, con 4.69; Xicotepec, con 4.74; y Tehuacán, que alcanzó un puntaje de 4.89. Estos resultados encendieron las alertas de las autoridades encargadas del sistema penitenciario, quienes reconocen que los inmuebles actuales carecen de la infraestructura física y presupuestal necesaria para garantizar una operación segura y conforme a la ley.
Ante este panorama crítico, las instancias correspondientes evalúan esquemas de reubicación de la población penitenciaria hacia centros regionales con mayor capacidad y mejores condiciones de seguridad, buscando transitar hacia un sistema más centralizado que permita cumplir cabalmente con los ejes de reinserción social establecidos en la normatividad vigente y salvaguardar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
