Alejandro Rocha Laureano, ex agente ministerial implicado en la tortura de la periodista Lydia Cacho en el año 2005, obtuvo su libertad tras permanecer recluido cerca de ocho años en Cancún, Quintana Roo. La liberación se originó después de que un juez determinara que la pena impuesta de cinco y medio años se había cumplido en exceso.
Los hechos por los cuales fue procesado se remontan a diciembre de 2018, fecha en la que un juez le dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en el delito de tortura. La aprehensión inicial ocurrió en la ciudad de Puebla mientras laboraba activamente dentro de la entonces Fiscalía General del Estado, en cumplimiento de una orden girada por tribunales quintanarroenses.
La agresión contra Lydia Cacho se desató tras la publicación de su libro Los Demonios del Edén en 2004, en el cual documentó una red de pederastia en la que figuraban personajes políticos y empresariales. Tras una demanda por difamación interpuesta por el empresario Kamel Nacif, la comunicadora fue detenida en Cancún y trasladada por carretera hacia Puebla, trayecto en el que sufrió agresiones físicas y psicológicas.
El caso cobró relevancia nacional e internacional tras la filtración de grabaciones que evidenciaban la colusión entre Kamel Nacif y el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, para detener y hostilizar a la periodista. Años más tarde, en 2021, Mario Marín fue detenido y actualmente permanece internado en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.
Con la liberación de Alejandro Rocha Laureano tras purgar su condena, se reaviva el debate sobre la impartición de justicia en este emblemático caso de violación a la libertad de expresión. Mientras tanto, otros actores clave de aquella red continúan enfrentando procesos legales o se mantienen evadiendo la acción de la justicia mexicana.
