El coordinador del Gabinete Estatal de Puebla, José Luis García Parra, aclaró públicamente que las autoridades del estado de Oaxaca no han aportado ningún elemento de prueba ni notificado formalmente sobre procesos legales que vinculen a la exalcaldesa de Acatlán, Guadalupe Lucero Bárcenas, con actividades de la delincuencia organizada. La declaración se dio tras los señalamientos directos que el gobernador de la entidad vecina, Salomón Jara Cruz, hizo previamente en contra de la exfuncionaria municipal.
Durante la conferencia de prensa matutina, el funcionario poblano precisó que, si bien existen indagatorias abiertas relacionadas con autoridades de la región de Acatlán, todas las investigaciones se encuentran estrictamente bajo la jurisdicción de las instituciones de procuración de justicia de Puebla. Subrayó que ni la administración oaxaqueña ni su Fiscalía General han entregado información o documentación que sustente las acusaciones públicas vertidas contra la expresidenta municipal.
García Parra explicó que la intervención del gobierno poblano en el municipio derivó del intercambio institucional de información y de los convenios de colaboración en materia de seguridad firmados con los estados vecinos. A partir de esas mesas de inteligencia y del cruce de datos, el Congreso del Estado actuó en el ámbito de sus facultades para nombrar un Concejo Municipal, mientras que las investigaciones ministeriales continúan su curso de manera independiente.
Por su parte, la exedil Guadalupe Lucero Bárcenas respondió a los señalamientos a través de un comunicado oficial, en el que rechazó categóricamente haber mantenido complicidad con grupos delictivos. Por el contrario, sostuvo que su administración y su persona fueron víctimas de las presiones de células criminales que operaban en la zona mixteca, las cuales —según su versión— habrían buscado su destitución.
Finalmente, el gobierno estatal reiteró que bajo la política de cero impunidad se mantendrán las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos en Acatlán y en cualquier otra demarcación donde se detecten posibles irregularidades, enfatizando que cualquier acusación formal deberá estar respaldada con pruebas sólidas dentro del marco de la ley.
