Un conjunto de colectivos integrados por familias de personas desaparecidas promovió una acción legal masiva contra los titulares de las 32 fiscalías generales de las entidades federativas, incluyendo la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, así como contra la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos. El recurso de amparo responde al incumplimiento sistemático en la interconexión tecnológica e inmediata de los registros locales con la plataforma del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), una herramienta fundamental para la localización e identificación de personas a nivel nacional.
La demanda expone que las instituciones ministeriales han omitido enviar en tiempo real información crucial relativa a perfiles genéticos, huellas dactilares y registros de cadáveres o restos humanos no identificados. Esta falta de sincronización impide que los sistemas centralizados puedan realizar cruces de información eficaces entre diferentes estados, lo cual obstaculiza directamente los avances en los expedientes de búsqueda y ralentiza la restitución de los restos a sus familias.
Los colectivos señalaron que, a pesar de que en diciembre de 2022 se firmaron las bases de colaboración obligatorias y de que el BNDF inició sus operaciones de manera oficial en 2023, la falta de transparencia sobre la operatividad del sistema sigue prevaleciendo. Debido a esta desconexión, cientos de cuerpos localizados en fosas comunes o resguardados en las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) continúan sin poder ser cotejados de forma oportuna con los expedientes de búsqueda activos.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Puebla reportó que hasta el mes de agosto ha logrado la entrega de 160 cuerpos identificados a sus familiares mediante la implementación de su programa de identificación humana y la difusión en su micrositio de consulta. La dependencia precisó que la mayoría de los restos correspondían a personas originarias de la entidad poblana, aunque también se registraron casos de víctimas provenientes de Veracruz, Tlaxcala, Estado de México y la Ciudad de México.
A pesar de estos avances aislados, las familias buscadoras recalcaron que la demanda busca sentar un precedente para obligar a los mandos locales a homologar sus bases tecnológicas de forma definitiva. La exigencia central radica en garantizar la actualización automática de la información forense para que el derecho a la búsqueda y a la verdad no dependa de trámites burocráticos entre dependencias estatales.
