La iniciativa contempla la transición gradual hacia pagos 100% digitales, arrancando de manera prioritaria en casetas de peaje y estaciones de servicio.
Redacción HMX
6 de octubre de 2026
La Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto de decreto para expedir la Ley de Economía Digital. La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca establecer la obligatoriedad progresiva de las transacciones sin efectivo en diversos sectores de la economía, iniciando por el cobro en autopistas y gasolineras.
Con un saldo de 330 votos a favor —proportcionados por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT)— frente a 122 votos en contra de las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC), el dictamen fue remitido formalmente al Senado de la República para continuar con el trayecto legislativo correspondiente.
Innovación financiera y la CURP Digital
El marco regulatorio propuesto plantea incentivar la adopción masiva de soluciones bancarias electrónicas, incluyendo transferencias, tarjetas de crédito y débito, pagos con código QR, tecnología NFC (sin contacto) y otros instrumentos digitales de cobro. Esta obligación abarcará al sector privado y a las entidades de gobierno en sus tres niveles (federal, estatal y municipal).
Para facilitar la contratación e integración a servicios financieros desde entornos digitales, la normativa dispone que la CURP Digital sea plenamente reconocida como un mecanismo de autenticación de confianza, operando como identificación oficial válida para realizar dichos trámites.
Asimismo, el proyecto contempla la implementación del Expediente Digital Ciudadano, un repositorio centralizado para que los usuarios puedan gestionar, consultar y presentar su documentación oficial de forma simplificada.
Inclusión financiera frente a brechas económicas
Durante el debate parlamentario, las bancadas de oposición advirtieron que la carga financiera derivada de esta transición tecnológica afectará de manera desproporcionada a pequeños comerciantes, municipios con infraestructura limitada y sectores vulnerables que aún dependen del dinero en efectivo, tales como adultos mayores y comunidades rurales.
Frente a estos señalamientos, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el diputado Carol Antonio Altamirano (Morena), argumentó que la persistencia de la brecha digital y financiera limita el crecimiento de emprendedores y familias, siendo esa la razón de ser del ordenamiento. Subrayó que México no debe rezagarse de la transformación digital global y enfatizó que el país se encuentra en una encrucijada entre adaptarse al cambio económico internacional o quedar como mero observador.
En la misma línea, el legislador Roberto Albores Glison (PT) desestimó las críticas opositoras tachándolas de prejuicios. Destacó que actualmente existen 98.6 millones de personas con teléfonos inteligentes en el país y recordó que el 99% de las remesas que ingresan a México ya lo hacen por vías electrónicas.
Por su parte, la diputada Cindy Winkler (PVEM) aclaró que el marco legal no pretende erradicar la circulación del papel moneda. Explicó que corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinar cuáles sectores específicos adoptarán el pago digital como vía exclusiva. En tales casos, las autoridades competentes deberán señalar las condiciones, la logística necesaria y los plazos requeridos para asegurar una adaptación gradual.
Postura de la oposición: denuncias de autoritarismo y costos operativos
Los representantes de las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano tildaron de «autoritaria» la facultad otorgada a la Secretaría de Hacienda para designar de forma discrecional los sectores sujetos a la obligatoriedad digital. Asimismo, criticaron que sea la misma dependencia la que determine bajo qué situaciones extraordinarias o de contingencia se autorizará de nuevo el uso de dinero en efectivo.
El diputado Homero Niño de Rivera (PAN) cuestionó que la toma de decisiones recaiga en funcionarios de gabinete sin considerar la realidad cotidiana de la población.
En sintonía, la diputada Patricia Elizondo (MC) enfatizó los problemas operativos vigentes en la red carretera del país, donde coexisten múltiples sistemas de telepeaje (Tag) sin homologación nacional. Adicionalmente, Elizondo comparó la estrategia local con esquemas internacionales como el de la India, donde el Estado absorbió las comisiones bancarias para proteger a los microcomerciantes. Recordó que en México las comisiones por cobro con tarjeta oscilan entre el 1.15% en débito y hasta el 1.91% en crédito, lo que representaría un costo directo para los negocios.
