NUEVA YORK, EE. UU. — El embajador de los Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mike Waltz, defendió públicamente la medida adoptada por la administración del presidente Donald Trump para restringir el acceso de periodistas pertenecientes a cadenas de noticias y portales informativos como CNN, MS NOW y Politico a las instalaciones de la Casa Blanca.
En una entrevista concedida a la propia cadena CNN, Waltz sostuvo que el Ejecutivo cuenta con las facultades legales para limitar la entrada de medios de comunicación cuando considere que su ejercicio periodístico no se conduce bajo criterios de buena fe. Para respaldar la postura oficial, el diplomático citó el precedente legal sentado en 1965 por la Corte Suprema de EE. UU. en el caso Zemel v. Rusk, donde se determinó que la libertad de expresión no otorga de forma implícita un derecho ilimitado de acceso a la información gubernamental.
No obstante, la postura del gobierno norteamericano ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones civiles y analistas jurídicos. Diversos especialistas recordaron la vigencia de la sentencia sentada en el caso Sherrill v. Knight de 1977, fallo que establece que la revocación o negativa de pases de prensa institucionales debe atender a criterios claros, uniformes y previamente normados, impidiendo decisiones discrecionales por parte de los funcionarios públicos.
Ante la posibilidad de que la restricción se mantenga de manera indeterminada, la Fundación para la Libertad de Prensa anticipó que los equipos legales de los medios afectados podrían presentar recursos ante los tribunales federales en los próximos días. Entre las acciones contempladas se encuentra la solicitud de medidas cautelares que permitan a los reporteros recuperar el acceso a las coberturas presidenciales mientras se desahoga el litigio principal.
Por su parte, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) condenó la postura del gobierno norteamericano y calificó la medida como un veto arbitrario en contra de la prensa libre. La organización señaló que la Enmienda Constitucional de los Estados Unidos tutela la independencia del ejercicio periodístico e impide que las instituciones gubernamentales condicionen el trabajo de la prensa.
