En el marco de las estrategias para combatir el robo y la comercialización ilegal de hidrocarburos en la entidad, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno del Estado de Puebla, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina (SEMAR), lograron la recuperación de 58 mil 600 litros de gas Licuado de Petróleo (LP) extraído de manera ilícita en municipios de la región central del estado.
Las principales intervenciones tuvieron lugar en tramos estratégicos de la autopista Puebla-Orizaba, a la altura de las demarcaciones de Tepeaca y Amozoc. Durante estas acciones de vigilancia preventiva, los efectivos federales y estatales interceptaron tres vehículos tipo pipa que transportaban en conjunto un aproximado de 48 mil 600 litros del combustible sin la documentación requerida para acreditar su legal procedencia.
En la misma operación desplegada sobre esta arteria vial, las autoridades procedieron con la detención de seis hombres que conducían las unidades aseguradas. Tras la lectura de sus derechos, los imputados fueron asegurados inmediatamente para ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales encargadas de determinar su situación jurídica e investigar su posible pertenencia a redes dedicadas al «huachicol».
De manera paralela, un segundo despliegue operativo llevado a cabo en el municipio de San Salvador El Verde permitió el hallazgo de dos camionetas abandonadas, una de las cuales contaba con un reporte de robo vigente. Al concretar la inspección de la carga de ambas unidades, los uniformados localizaron tanques y contenedores que resguardaban otros 10 mil litros de gas LP presuntamente sustraídos de tomas clandestinas.
Tanto el hidrocarburo decomisado como las unidades vehiculares y los detenidos quedaron bajo el resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR) para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Con estas acciones, la SSP y las fuerzas armadas reafirmaron su compromiso de mantener la vigilancia sobre la red de ductos y carreteras del estado para reducir el impacto de este delito federal en la región.