El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, afirmó que en la entidad no existen figuras públicas protegidas ante la ley, luego de ser cuestionado sobre el presunto vínculo del diputado local Miguel Márquez Ríos con una granja de criptomonedas asegurada en el municipio de Tlaola.
Durante un encuentro con medios de comunicación, el mandatario estatal enfatizó que cualquier servidor público perteneciente a los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial que incurra en la comisión de un delito deberá responder ante las autoridades competentes. Armenta Mier garantizó que se respetará la presunción de inocencia durante las investigaciones, pero remarcó que su administración no incurrirá en omisiones ni encubrimientos.
Las investigaciones en torno al predio en Tlaola derivan de operativos donde las autoridades detectaron el presunto uso irregular de energía eléctrica proveniente de una presa para abastecer los equipos informáticos. El Ejecutivo estatal reiteró que se dará puntual seguimiento a los casos de presunta corrupción y afectaciones a los recursos comunitarios en la Sierra Norte.
