La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ha recepcionado hasta el momento un total de cuatro denuncias formales por presunto acoso sexual cometidas en el Centro Escolar 5 de Mayo (anteriormente conocido como Gustavo Díaz Ordaz), situado en el Infonavit Fuentes de San Bartolo. La confirmación corrió a cargo del subsecretario de Educación Obligatoria de la entidad, Enrique Martínez Peláez.
Los acontecimientos salieron a la luz pública el pasado viernes cuando madres y padres de familia acudieron directamente al plantel a manifestarse. Exigieron sanciones ejemplares contra un alumno a quien señalaron de realizar tocamientos no consentidos a por lo menos ocho estudiantes de nivel secundaria, al tiempo que acusaron a docentes y directivos de encubrir la agresión y revictimizar a las jóvenes sugiriendo que ellas habrían provocado la conducta del agresor.
Ante las manifestaciones y los videos difundidos en plataformas digitales que exhibían la inconformidad de las familias, las autoridades educativas informaron sobre la activación de los protocolos de protección correspondientes. Como primera medida preventiva, el estudiante señalado como presunto responsable fue separado temporalmente del esquema de clases presenciales para salvaguardar el entorno escolar.
Asimismo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal ha dispuesto que tanto las alumnas afectadas como el alumno involucrado continúen su ciclo académico bajo la modalidad de educación a distancia o en línea. De manera complementaria, se coordinó el despliegue de un programa de acompañamiento psicopedagógico y soporte socioemocional destinado a atender a los involucrados durante el desarrollo del proceso investigativo.
Respecto al actuar del personal directivo y de prefectura del plantel, el subsecretario precisó que hasta la fecha no se han aperturado expedientes o procesos administrativos internos al no registrarse denuncias directas en su contra ante las autoridades competentes. No obstante, el titular de la SEP estatal, Manuel Viveros Narciso, aseveró que las investigaciones ante las instancias legales continúan su curso y que cualquier reporte que vulnere a los estudiantes en los más de 16 mil planteles del estado recibe atención inmediata.
